El Gobierno en funciones constituye la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que se encargará del cobro y de las tarifas que los agregadores de contenidos tendrán que pagar obligatoriamente a las entidades de gestión de derechos, sobre a todo a medios de comunicación. Todo ello a pocos meses de unas posibles elecciones generales.
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