El Gobierno de Mariano Rajoy realizó en 2015 una reforma del Código Penal que despenalizó el delito de malversación que ahora ERC quiere castigar con una pena máxima de tres años y que, de salir adelante, beneficiaría al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a los otros ocho ex altos cargos condenados por la concesión de 680 millones en ayudas de los ERE.
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