La cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que la concesionaria de la autopista reclama al Estado. El Gobierno pagará 1.070 millones de euros a Abertis por la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que en agosto del año pasado eliminó sus peajes y pasó a ser gratuita, un pago que tendrá que hacerse antes de que concluya este mes de febrero.
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