El Gobierno de España, si es necesario, como ya hizo en el caso de Murcia hace unos meses, llevará a los tribunales las regulaciones de las Comunidades Autónomas que implanten la censura parental que promueve Vox sobre contenidos educativos obligatorios. "La posición del ministerio es clarísima. Si se impide que unos menores reciban contenidos obligatorios, se vulnera el derecho a la educación. Si [el Gobierno] lo recurrió una vez, lo recurrirá otra. Si se llega a implantar, desde luego. La obligación es garantizar el derecho de los menores",
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