Una funcionaria llegó a apropiarse de forma indebida de unos 40.000 euros procedentes de subvenciones locales y de dinero de empresarios a cambio de aprobar o agilizar su contratación en eventos. Las cantidades oscilaban entre 500 y 2.500 euros, en función del beneficio que iba a obtener la empresa solicitante. Supuestamente falseaba documentación, contratos o incluso la firma de los beneficiarios, para quedarse con parte, o con todo el dinero de algunas de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Santa Pola a distintas asociaciones.
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