La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes. Ahora, la UE ha aprobado una directiva, transpuesta a nuestro derecho por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que establece como principal finalidad proteger a los ciudadanos que informen sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico, obligando a implantar un canal de denuncias en las empresas que tengan más de 50 empleados,
|
etiquetas: fraude , confidentes , protección 
