El texto establece “la posibilidad para cada francés de equivocarse en sus declaraciones a la administración sin correr el riesgo de ser sancionado desde el primer error”. Al contrario de lo que ocurre ahora, será la administración la que deberá demostrar que el ciudadano actuó de mala fe. Según el gobierno, ese artículo es la “piedra angular” del proyecto de ley para “un Estado al servicio de una sociedad de confianza”
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