El gobierno chavista de Venezuela y uno de sus ex embajadores en Buenos Aires también habían sido involucrados en la denuncia penal contra la Presidenta, el canciller y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que el fiscal Alberto Nisman presentó ante el juez Ariel Lijo antes de aparecer muerto.La denuncia rastrea los supuestos intentos de Luis D’Elía por desacreditar la “pista iraní” en la investigación por el atentado, y señala a Venezuela como partícipe de la protección al régimen de los ayatollahs.
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