El Estado español tendría que pagar “más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos” si las empresas e inversores ganaran toda las demandas que han presentado en su contra. Este es uno de los argumentos que está detrás de la campaña europea para pedir la eliminación del sistema de ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS) y salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS. Y lo segundo proponer un tratado en ONU sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos..
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