Era octubre de 2017 y la plataforma había convocado una concentración contra el desahucio de una octogenaria alquilada en la casa parroquial de Lizoain. Acudí al pueblo donde estaba previsto que Feli Itoiz fuera desalojada, un desahucio que quedó paralizado después de que el cerrajero enviado por el Arzobispado para cambiar la cerradura renunciara a llevar a cabo una misión que de facto suponía dejar sin la que había sido su única vivienda a una mujer casi nonagenaria.
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