El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso validó el miércoles un contrato de 582.252 euros para externalizar la tramitación de las denuncias y sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria con la que se intenta combatir la pandemia del coronavirus. “El volumen de las denuncias recibidas y los consecuentes expedientes sancionadores suponen una sobrecarga de trabajo”, justifica el Ejecutivo en la documentación a la que accedió EL PAÍS, y que refleja incentivos para que la empresa contratada logre que los ciudadanos paguen: un 15% de lo recaudado.
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