La razón que se arguye para la inspección desde Bruselas son los 900 millones de fondos europeos invertidos en los últimos años en Puertos Españoles. Entre otras cosas, se calibrará si el gasto público que se ha llevado a cabo era necesario, si las expectativas de crecimiento en que se sustentaba dicho desembolso eran realistas y si se han generado duplicidades innecesarias entre instalaciones vecinas. Además, se escrutará el que por tradición ha sido uno de los puntos débiles del sistema portuario español: las conexiones ferroviarias.
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