El auto judicial recoge que el volumen de muertes en esas instalaciones triplicaba el esperado, según la inspección veterinaria del Gobierno regional. Indica que las diligencias cuentan también con el testimonio del perito judicial, que a la vista de esas imágenes concluye que existen indicios de la existencia del maltrato denunciado, por omisión o negligencia, con un prolongamiento innecesario del sufrimiento de los animales. Y añade que los cerdos aparentan haber estado abandonados y haber sido incluso objeto de prácticas de canibalismo.
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