El gobierno decidió acudir a la Fiscalía tras conocer un informe de la presidenta del tribunal de las oposiciones, una magistrada, en el que se habla de "coincidencias patentes" en las respuestas de cuatro de los agentes que se presentaron al proceso selectivo. Las respuestas de esos agentes coincidían exactamente con las de la plantilla de resultados correctos que tenían los miembros del tribunal para hacer las correcciones.
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