La exdiputada de la CUP, ha pedido que se revoque su procesamiento por desobediencia por el proceso independentista, al considerar que el magistrado del Supremo le atribuye un "delito político" para "criminalizarla por enemiga". Así lo sostiene en su recurso contra la decisión del juez de procesarla en rebeldía por desobediencia, en el que también apela a la separación de poderes para evitar "someter un poder del Estado a otro únicamente por la expresión de los mandatos populares sometidos en las urnas y que han ganado la contienda electoral"
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