La PAH señala la medida aprobada por el Gobierno sólo ha conseguido detener alrededor de 10.000 de las 120.682 ejecuciones hipotecarias de los últimos dos años.

La PAH declara una “cuenta atrás para tumbar la ley hipotecaria” y pide a los jueces que declaren nulos los procedimientos.

Se extienden en nuestro país las prácticas delictivas relacionadas con préstamos hipotecarios.Muchas familias denuncian haber sido víctimas de este tipo de estafas,persiguen apoderarse de un inmueble con un ínfimo desembolso económico.Para ello, los estafadores tendrán que conseguir antes que el propietario, en situación de apremiante necesidad económica, hipoteque su vivienda, firmando ante notario un préstamo con un capital superior al que realmente recibe, intereses de demora desproporcionados, un valor de tasación sin ningún criterio, etc..

Cataluña ha liderado las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda en el segundo trimestre con un total de 3.994, seguida de Andalucía, con 3.981, y Valencia, con 3.342. En cuarto lugar se sitúa Canarias, con 1.543, mientras que Madrid se sitúa en quinto lugar con 1.230. Las zonas donde menos ejecuciones hipotecarias se han registrado son La Rioja, con 61; País Vasco, con 94; y Navarra, 118, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, INE.

El gobierno perjudica nuevamente a los afectados por las hipotecas, con plena nocturnidad y alevosía, camuflando en un RDL, un derecho que usurpó. El pasado 6 de septiembre, en una escondida ley concursal (que nadie buscaría si lo que está tratando son temas procesales), en sábado, y mediante un Real Decreto Ley, -RDL 11/2014- para hurtar de nuevo el debate en el parlamento y la difusión en los MCS, este incalificable gobierno, publicaba una Disposición Transitoria 4ª y Disposición final 3ª que vulnera la Ley y el Derecho

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a sacar los colores al gobierno de España al obligar al Gobierno a permitir que los afectados (por las ejecuciones hipotecarias) pudieran recurrir una resolución hipotecaria (aquella a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) pues el Congreso fijó al reformar la ley de enjuicimiento civil que solo los bancos pudieran hacerlo y eso sólo tras otro varapalo europeo histórico a nuestra legislación que obligó al gobierno a modificarla.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a tumbar la legislación hipotecaria española. En una sentencia del jueves, la Corte europea declara que la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el PP el año pasado vulnera los derechos humanos. En concreto, la sentencia afirma que la ley es contraria al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, y a la Directiva 93/13 en materia de consumidores, y señala que no suspender el procedimiento hipotecario...

Segunda condena en poco más de un año del Tribunal de Luxemburgo a la ley hipotecaria española. Los jueces de la UE consideran que la ley deja en inferioridad de condiciones a los usuarios frente a los bancos: los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 9.464 en el primer trimestre del año, cifra un 19,1% superior a la del trimestre anterior, pero un 4,2% inferior a la del periodo enero-marzo de 2013, según la nueva estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este mosaico, creado con imágenes de Google Maps Street View, muestra uno de los muchos y enormes desafíos a los que se enfrenta Detroitpara salir de su situación actual. A partir de enero, los dueños de estas propiedades en conjunto debían más de 328 millones de dolares. Desde entonces, algunos han pagado sus deudas o han encontrado alguna solución. Pero 26.038 propiedades, que se muestran con un triángulo amarillo, permanecen en peligro, y muchos se dirigen a subasta pública.

“Señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Los inspectores del Banco de España queremos distanciarnos” de “la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España -con su gobernador a la cabeza- ante el insostenible crecimiento del crédito bancario. (…)

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha preparado una nueva batería de protestas contra la “impunidad financiera”. El colectivo ha convocado un acto el próximo 29 de mayo en el que llama a 'rodear' la Fiscalía General del Estado que dirige Eduardo Torres-Dulce para que haya un verdadero “juicio y castigo” contra los banqueros. Aunque no se quedarán ahí, ya que también saldrán a la calle el 8 de junio contra la “estafa hipotecaria” y para exigir que se respete el “derecho a la vivienda”.

Gallardón ha asegurado que expropiar la Mezquita sería «un despropósito». Así da la impresión poco menos de que se le quiere robar a la pobre Iglesia. No, no, pongamos las cosas en su justo término. El intento de apropiación de la Mezquita de Córdoba es otra mezquindad de la Iglesia cleptómana, apostólica y romana. Echemos un momento la vista atrás para entender qué nos ha llevado a la actual situación. Vayamos al génesis de esta desvergüenza.

La reforma de la Ley Hipotecaria propuesta por el Gobierno, que consolida las inmatriculaciones de bienes hechas por la Iglesia, viene a acortar los plazos para poder deshacer las existentes como la de la Mezquita-Catedral. La plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos pide a la Junta de Andalucía que, antes de que se apruebe la nueva ley, plantee ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la inmatriculación de este monumento por parte de la Iglesia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 y de la Ley del Catastro. La Iglesia puede inscribir por ley en el Registro los bienes que no tienen propietario oficial pero que ella misma certifica que son suyos, como el Estado. Ahora el Gobierno eliminará esta situación especial y la Iglesia tendrá que realizar los mismos trámites que un particular para inscribir un bien.

El total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 fue de 82.860, lo que supone el 9,8% menos que el año anterior. Este descenso, según el CGPJ, puede deberse a la publicación de la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios. . Noticias, última hora, vídeos y fotos de Economía, negocios y finanzas en lainformacion.com