El Alto Tribunal avala en esta sentencia, esta normativa que establece que las VTCs no pueden realizar servicios urbanos y que les otorgó 4 años de moratoria en los que han podido continuar haciéndolo, pero dicho periodo finalizó el pasado mes de Octubre de 2022. Cabify argumentaba que este periodo no compensa «todos los perjuicios» causados por esta norma, principalmente los económicos, al tener que dejar de prestar el servicio urbano si así lo decidían las Comunidades Autónomas pasados esos cuatro años.

El Real Madrid ya puede contar con diez millones de euros de los más de 40 millones que ha reclamado a la Agencia Tributaria tras doblarle el pulso de la deducibilidad de impuestos por pagos realizados a agentes de los futbolistas ante el Tribunal Supremo.

Durante sus tres décadas en el Tribunal Supremo, Clarence Thomas ha disfrutado de un estilo de vida que la mayoría de los estadounidenses sólo pueden imaginar. Un grupo de titanes de la industria y ejecutivos ultrarricos le han agasajado con vacaciones lejanas a bordo de sus yates, le han hecho entrar en las suites premium de los acontecimientos deportivos y le han enviado sus jets privados a buscarle, incluido, en más de una ocasión, un 737 entero. Se trata de una corriente de lujo más amplia y procedente de un círculo más amplio (...)

El Tribunal Supremo ha condenado a 15 meses de prisión y multa de 2700 euros por un delito de daños agravados a seis jóvenes por realizar pintadas en unos vagones del metro de Barcelona tras detener el convoy de la línea 1 en la estación de Baró de Viver. En la sentencia, indican que se le sumará la accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También tendrán que pagar una indemnización conjunta y solidariamente y por partes iguales a Ferrocarril Metropolitana de Barcelona SA de 4.175 euros por los dañ

El consejero cántabro de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, promete relanzar el sector: «Al igual que ocurre con Asturias y con el País Vasco, Cantabria tiene mucha fortaleza en la producción de manzanas y en la transformación en la sidra»

Los magistrados confirman la absolución de los agentes antidisturbios y aseguran en su sentencia que no existió "ningún uso de la fuerza por parte de la Policía".

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este lunes al juez Pablo Llarena que dicte una orden de busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont, incluyendo una orden de arresto europea e internacional contra el expresidente de la Generalitat catalana y el exconsejero Toni Comín. Esta petición se produce tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que el pasado 5 de julio retiró la inmunidad de ambos europarlamentarios.

El Tribunal Constitucional ha decidido amparar a una conductora condenada por ir borracha al volante de su coche por las calles de Madrid. Por unanimidad, la sala entiende que la Policía Nacional vulneró sus derechos fundamentales cuando trasladaron a la mujer a una comisaría para que se le hiciera la prueba de alcoholemia, al no tener medios para hacerlo en el lugar donde fue identificada, sin que tuvieran ninguna cobertura legal para su detención.

Dos años de cárcel, en definitiva, para la madre vinculada a Infancia Libre que secuestró a su hija y la mantuvo alejada del padre y desescolarizada por espacio de año y ocho meses, entre octubre de 2017 y mayo de 2019, cuando la Policía la detuvo en La Cabrera, en la Sierra de Madrid, donde se escondía, llevando a su hija, de entonces 11 años, a una escuela pirata.

En España no es posible repartir de forma desigual la herencia entre los hijos. No es así el caso de Reino Unido y bien lo sabía Frederick Ward Snr, un abuelo defraudado por las pocas visitas que sus nietas le hacían. Después de que su hijo falleciera en 2015 la relación con los primogénitos de este se enfriaron. Los abogados aseguran que el anciano expresó su decepción por la escasa presencia de sus nietas, más sobre todo, cuando tuvo que ser hospitalizado hasta en tres ocasiones por una afección pulmonar.

El TSXG paralizó varios parques eólicos con el argumento de que no se habían respetado los plazos de consulta pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) corrigió a los jueces gallegos el pasado mes de diciembre, en una maniobra que el sector recibió con júbilo al entender que podía desatascar el embudo judicial. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el TSXG cambió de criterio para mantener las medidas cautelares. Sus magistrados se asieron en esta ocasión a los argumentos medioambientales para paralizar los proyectos.

No existen precedentes en la historia de los juicios con jurado celebrados en Ourense en los que un magistrado haya manifestado un criterio diferente al del tribunal popular. Los togados siempre han dictado sentencia tomando en consideración las conclusiones ciudadanas, pero por primera vez esto no ha sido así.

Este caso no es un hecho aislado tal y como declaró una de las víctimas: "Esto no es un hecho puntual, si eres mujer marroquí, estás sola y quieres trabajar en el campo murciano tienes que hacer lo que quiera el capataz".

La magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, como instructora de la causa, ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda en la que propone solicitar un suplicatorio al Senado para suspender la inmunidad y proceder penalmente contra el senador del PP José Manuel Baltar Blanco, al apreciar contra él indicios racionales de un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir a 215 kilómetros en un tramo de velocidad limitada a 120 km.

El Gobierno regional convierte las infracciones cometidas por la empresa concesionaria del complejo turístico en motivo para enfrentarse al Ministerio para la Transición Ecológica y lo disfraza de pleito por las competencias sobre Costas.

Aunque acabar con el cifrado de extremo a extremo es uno de los objetivos de muchos dirigentes europeos, los ciudadanos podemos respirar tranquilos. La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una victoria histórica en favor de la privacidad y seguridad. El Parlamento Europeo ya se echó atrás en el último momento con el Chat Control. Esta postura de la Justicia debería dejar zanjado el debate.

La Corte Suprema ha dado la razón a Donald Trump le va a permitir presentarse a las elecciones de EEUU este 2024 tras ser juzgado por los ataques al Capitolio en 2021

Es un absoluto despropósito, que no podrá gustar ni tan siquiera a las asociaciones de víctimas del terrorismo, por equiparar unos hechos, a mi juicio leves, con otros tan graves como los que supusieron los actos de ETA, de los GAL y de otras organizaciones.

Comader indica que los ataques de los agricultores españoles en los medios de comunicación y directamente a los camiones de transporte contra los productos agrícolas marroquíes exportados a la Unión Europea, se han incrementado en los últimos días y han adquirido un carácter cada vez más preocupante. Desde Comader resaltan que “los productos agrícolas marroquíes exportados a la Unión Europea, en el marco del acuerdo de asociación, son productos que cumplen estrictamente y sin excepción las exigencias reglamentarias de los mercados de destino”.

Supongamos que el expresident Carles Puigdemont fuera el “líder absoluto” de un grupo terrorista, el máximo responsable de una organización violenta y criminal; alguien dispuesto a matar y secuestrar, alguien que cuenta con una banda organizada capaz de llevar estos objetivos tan siniestros hasta el final. De ser así, de ser esto verdad, ¿cuál sería el grado de incompetencia de estos eminentes juristas? ¿Qué explicaciones tendrían que dar por el enorme retraso que acumula esta investigación?

El auto del Supremo asume en su práctica totalidad, sin cautelas, las tesis del juez García-Castellón, que hace solo tres meses derivó en imputación a Puigdemont una investigación abierta hace cuatro años a partir de hechos ya investigados por tres juzgados de Barcelona. Todos ellos acordaron el sobreseimiento provisional por falta de autor conocido y abrieron causa por un delito de desórdenes públicos, nunca por terrorismo. Que la actuación del expresident catalán haya podido merecer repudio penal no autoriza a un todo vale inculpatorio.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha suspendido el juicio contra el expresidente del Principado y exministro, Francisco Álvarez-Cascos, previsto su inicio el 4 de marzo por un delito de apropiación indebida por presuntamente cargar gastos personales al partido que fundó en el Principado, Foro Asturias, "por razones de salud de uno de los integrantes de la Sala, tratándose del Magistrado ponente".

Según ha informado el alto tribunal, se ha designado instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.