En la recta final de la instrucción, la Sala de lo Penal desestima recursos y respalda al juez, que ve indicios de criminalidad en los contratos de los Ayuntamientos de Almendralejo y Valdemoro con Cofely.

Decisión de calado en el caso Púnica. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado al magistrado que investiga esta presunta red de corrupción, Manuel García Castellón, que reabra la investigación sobre el pelotazo urbanístico de Valdemoro, localidad epicentro de la trama. Los magistrados consideran que los hechos relativos a la modificación de las normas de urbanismo de manera ilegal no estarían prescritos pese a haber tenido lugar antes del año 2004.

Sobre esta libreta quiso preguntar Jordi Évole: «En tu casa encontraron una libreta con cantidades y nombres que la Guardia Civil cree que es una contabilidad B del Partido Popular», indica el presentador a Granados. El ex político afirma que «ni aparecen cantidades ni aparece dinero, es decir, ni pone 2000 €, ni pone 3000 €, ni pone 100 000 €…, ni aparecen nombres ni nada por el estilo». Ante la negativa, Évole insiste: «La nota pone: IN, OUT, 300, 200… ¿Tú dices que son personas que entran y salen de actos?»

La jueza advierte a Alejandro de Pedro por no colaborar durante la declaración como testigo en la causa por acoso,a la que ha sido citado por los mensajes que apuntan a que el empresario le contrató para perjudicar a la mujer López Madrid envió un mensaje con la dirección exacta de la doctora Pinto al experto informático de Púnica. López Madrid afirma: "Ya tengo la dirección". De Pedro le contesta: "Estoy hablando con los hackers que llevan temas de la policía. Destruir el móvil completo es lo más seguro". Es entonces cuando López Madrid respon

El futuro más próximo de la expolítica del PP, Cristina Cifuentes, tiene un nombre: la Audiencia Nacional, que no tine nada que ver con la isla centroamericana de los Cayos Cochinos, en Honduras, a pesar de que se especuló que fuese la estrella del próximo Supervivientes. El juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, Manuel García-Castellón, ha citado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid que se investiga

Un informe pericial revela cómo operó la trama para mejorar la imagen de la consejera de educación de Aguirre a cambio de más de 120.000 euros públicos

El exalcalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid),Arturo González Panero, conocido como el 'Albondiguilla', ha apuntado directamente a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre como responsable del 'caso Púnica', tal y como apunta 'Libertad Digital'.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Púnica', Manuel García Castellón, ha rechazado la petición de Fiscalía Anticorrupción de practicar diligencias sobre contratos y adjudicaciones en la localidad madrileña de Valdemoro fechados antes de 2004. Aunque son hechos que podrían ser calificados como delitos contra la ordenación del territorio o contra la Administración como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, aparentemente se habrían cometido antes de la aprobación definitiva del PGOU, por lo que estarían prescritos…

Declina la petición de la acusación del procedimiento con el criterio favorable de Anticorrupción, que advierte que la investigación no ha terminado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones contra el expresidente de Indra, Javier Monzón, que estaba siendo investigado en el 'caso Púnica' por la financiación presuntamente irregular del PP de Madrid.

La Fiscalía sostiene que tanto las pruebas como los testimonios sitúan a la expresidenta madrileña en la "cúspide" de la financiación ilegal del PP en Madrid y pedirá que sea juzgada por falsedad electoral, malversación y prevaricación entre otros delitos El Ministerio Público asevera que ya dispone de elementos "suficientes" para proponer su enjuiciamiento pero pide nueva documentación a distintas agencias de la Comunidad de Madrid y un análisis de las operaciones del Metro, en busca de la "pistola humeante" contra Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en el foco de la presunta trama del 1% investigada en el caso Púnica a cerca de una treintena de empresas. El Ministerio Público expone que grandes mercantiles como es el caso de OHL, Acciona, Ferrovial, San José o Dragados fueron las adjudicatarias para construir hospitales y centros médicos de la Comunidad de Madrid pagando para ello un porcentaje extra que habría ido destinado a financiar de manera ilegal la caja 'b' del PP madrileño.

El instructor del caso cuantificó en 74,9 millones de euros los sobrecostes de la ampliación de tres líneas del suburbano de Madrid: de los 141 presupuestados a 216. Las adjudicaciones bajo sospecha fueron adjudicadas por la extinta Mintra,empresa pública que entonces dirigía Francisco Granados,principal imputado en la causa . Las obras bajo sospecha son la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur,las ampliaciones del Metro Ligero desde Colonia Jardín a Boadilla del Monte y el tramo 1-A el Metro Norte. Marjaliza aportó documentación que supue

La alcaldesa de Alcorcón ha avanzado que, dentro de los estudios realizados por la comisión de investigación sobre la presunta incorporación de una cláusula del 1 por ciento de publicidad en varios pliegos, que se ha detectado este porcentaje en hasta 43 adjudicaciones de contratos hasta el momento. "El valor de estos contratos alcanza los 21,945.650 euros", según han detallado la primera edil para añadir que, además, se han encontrado con otros "70 contratos que suman 4,708.680,97 de euros y que contendrían la llamada cláusula de publicidad".

Francisco Barrueco denunció en 2013 la cláusula que se incluyó en los contratos de la Consejería de Transportes. El trabajador público explica que se trata de un requisito que se redactó igual en todos los .contratos de Transportes y Sanidad y que se gestionaba de forma irregular. "Borja Carabante fue clave en la gestión de la cláusula del 1%, es imposible hablar del 1% en los contratos de la Consejería de Transportes sin tener en cuenta su papel", asegura el funcionario sobre el actual concejal del PP en Madrid.

El juez Manuel García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros de salud de la comunidad. Pablo Gabilondo El juez sostiene que el desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007', que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la comunidad.

Las facturas a las que ha tenido acceso la SER, están fechadas en la época en la que Borja Carabante, actual delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, era por entonces el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Algunas de esas facturas recogen conceptos tan llamativos como "campaña publicitaria sillas de bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206", por 17.400 euros, fechada el 15 de febrero de 2011, pagada por la empresa Trabajos Bituminosas S.L a la empresa O3 Comunicación.

La inclusión de esta cláusula en los contratos fue uno de los aspectos por los que las fiscales preguntaron a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa en una ronda de interrogatorios que cerró la propia Aguirre el pasado 18 de octubre. La expresidenta regional aseguró desconocer su existencia, mientras que el exvicepresidente Ignacio González descargó toda responsabilidad al respecto sobre el que fuera consejero de Sanidad Manuel Lamela, del que dijo que fue "idea" suya.

Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente hasta 2015, administraba junto a sus hermanos y su madre la sicav Blacader Caminos, que acaban de liquidar. Hijo de un expresidente de Sacyr, está imputado en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de fondos públicos para engrosar la caja B del PP en Madrid. Otro empresario próximo a González y socio de la empresa que presidió la esposa del expresidente madrileño, Subastas Segre, también convierte en SL una sicav con 2,3 millones..

El exdiputado regional en Madrid y exalcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, que cobrará 75.000 euros de la Comunidad de Madrid en su nuevo cargo, ha sido acusado por la Guardia Civil de malversar caudales públicos por cargar al patronato municipal de cultura de Alcobendas, servicios de reputación online personales. El informe de la Guardia Civil proponía investigar al hoy comisionado de las Víctimas del Terrorismo por un delito de malversación de caudales públicos. El juez de la Púnica aún debe decidir sobre la posible imputación..

Un trabajador público ratifica ante García Castellón las denuncias de irregularidades en contratos de carreteras que denunció en 2013 y que desveló eldiario.es. Los gobiernos de Aguirre y González obligaron a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias. Enviaron dos cartas denunciando los "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras" al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente,mantuvieron una reunión con su número

La imputación archivada corresponde a uno de los empresarios investigados por facturar servicios de publicidad para la campaña del PP de 2011 fuera del periodo electoral

Uno de los altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Alejandro Halffter,ha declarado este lunes como investigado en el caso Púnica de la Audiencia Nacional y ha rechazado que la ex presidenta madrileña creara un marco legal para desviar fondos públicos a las campañas electorales del Partido Popular,como sostiene la Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García-Castellón. Afirma que ya existía una ley previa del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que habría permitido los mismos procedimientos. El juez considera

Un informe de la Agencia Tributaria destapa operaciones societarias “artificiosas” de la trama para hacerse con millonarias adjudicaciones del Metro de Madrid. El documento implica en las irregularidades al propio Granados y a los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza. La declaración de Marjaliza, que colabora con la justicia desde el verano de 2015, puso bajo sospecha las obras de construcción del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Su

La expresidenta madrileña intentó reiteradamente desmarcarse de la gestión económica de su partido pese a su posición de liderazgo de la formación. Aguirre señaló que decidió quitarle de esos puestos porque había filtrado una noticia a la prensa y no quería en su Gobierno a filtradores. Esperanza Aguirre explicó que estaba “mosca” por los gastos excesivos en la construcción de las nuevas estaciones de la red. En ese momento, el juez García Castellón quiso saber si estaba "mosca" porque entendía que había algo irregular en esos gastos..