El perito informático contratado por Podemos Galicia para auditar el proceso de votaciones de las primarias de En Marea concluye en su informe que "no se puede garantizar la integridad de los resultados del proceso electoral acontecido en las votaciones del 22 y 23 de diciembre", en el que la lista de Luís Villares se impuso con casi el 60% de los votos a la candidatura del sector crítico, en la que participaba el partido morado

Esta mañana comienza en la URJC la auditoría forense de las cuentas del Instituto de Derecho Público que organizó los másteres de Cifuentes, Pablo Casado y de Carmen Montón con el objetivo de encontrar todas las irregularidades cometidas en la contabilidad de este organismo que esta siendo investigado en los juzgados por malversación.También ha comenzado una auditoria forense en el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, que también funcionaba con un CIF propio, aunque en este caso sus cuentas ya se han incorporado a las de la universi

Antonio Lanchares, que acaba de dejar la Dirección de Seguridad de Renfe y de quien el juez sospecha que pudo ser corresponsable del siniestro, rubricó uno de los informes elaborados a petición de Fomento en 2013 pero no divulgados hasta ahora..bajo la dirección de Lanchares el ERTMS permaneció desactivado a bordo de los Alvia dos años y dos meses. Hace un año el juez argumentaba la necesidad de imputarlo en la investigación, junto con el maquinista y otros técnicos, por la manera en que desactivó el sistema “sin que conste que, con carácter pr

El grupo municipal socialista pedirá a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que encargue una auditoria externa para saber en qué se han empleado los 32 millones de euros gastados hasta la fecha para la eliminación del camalote.

Media docena de conselleiros con competencias en materia de ordenación territorial tuvieron sobre la mesa el proyecto de construir un auditorio en la ciudad de Lugo. El proyecto acabó trasladando a una parcela propiedad de la Xunta en el barrio de Magoi, fuera de la zona monumental, donde lleva rematado y cerrado más de dos años con un gasto fijo de mantenimiento de unos 6.000 euros al mes.

Informes de auditoría del banco inculpan a parte del cuadro directivo de Ángel Ron.

La firma brasileña de contabilidad Deloitte ha admitido haber cometido fraude y pagará $ 8 millones para enmendar los cargos civiles por emitir y encubrir falsos informes de auditoria, según declararon el lunes funcionarios estadounidenses. La Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas (PCAOB) dijo que la multa contra Deloitte Touche Tohmatsu Auditores supone la penalización civil más grande que se ha impuesto, y que ha sancionado por separado a 12 ex socios y otros funcionarios por su papel en la trama.

Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), la Plataforma Zona Norte y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo exigen transparencia y acceso a los documentos que desde hace cinco lustros se negocian, entre organismos dependientes de la Administración General del Estado y las entidad promotora de la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores cree necesario elaborar una auditoría independiente de las cuentas de Banco Popular del ejercicio 2016, auditadas por PwC, al identificar indicios de que la entidad debería haber realizado más ajustes de los comunicados

La titular de la cartera de Economía convoca a la cúpula de Sareb para evaluar la pobre gestión de la sociedad.- Una de las primeras medidas de la nueva ministra de Economía Nadia Calviño va a ser levantar alfombras en el llamado banco malo o Sareb, la sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria que nació en 2012 con una deuda de 50.800 millones y que, seis años después, todavía mantiene un pasivo de 37.875 millones de euros.

El caso de Correos y sus filiales ha sido el más llamativo pero no ha sido el único con el que se ha topado la SEPI a la hora de seleccionar auditor para las empresas públicas que están bajo su paraguas. Otro de los ejemplos ha sido el de la minera Hunosa, que tampoco ha sido capaz de encontrar una firma que se encargue de verificar sus números.

Una petición "sorprendente" para "hacer arqueología de asuntos ya tratados" en vez de abordar "cuestiones más interesantes". O, simplemente, una petición "absurda". Es el calificativo que para el PP gallego merece, en palabras de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, la exigencia de comparecencia formulada por toda la oposición después de que la pasada semana Francesc Gibert, ejecutivo de la consultora KPMG, reiterara que su empresa nunca hizo una "auditoría" ni "recomendó" la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. O, lo que es lo mismo, después

Las cuentas de los ayuntamientos españoles han vuelto a la primera línea. El 90% del gasto que realiza el conjunto de estas instituciones no llega a auditarse, según el informe sobre la auditoría del sector público en España, realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Icjce).

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha acogido la presentación de las cuentas generales del año 2017, auditadas por la empresa Ernst & Young. El resultado indica que 2017 se cerró con un superávit de 1,8 millones de euros. El volumen de negocio de 2017 fue de 44 millones, lo que significa que hubo un total de 2,98 millones de euros más de ingresos por la venta de títulos. En 2017, un total de 95.494.811 personas confiaron en el sistema público de autobús para sus desplazamientos por la ciudad.

El tribunal europeo de cuentas auditará las inversiones a la energía solar y eólica en España para determinar si las ayudas económicas de la UE están dando resultados

Los principales aumentos del monto de la deuda pública de Baleares se deben mayoritariamente a la nefasta gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, a raíz de macroproyectos ruinosos como el Palma Arena o el Hospital de Son Espases. Un 20% del presupuesto anual de Baleares se destina ya a pagar deudas e intereses, regalando a la banca la segunda partida más importante del presupuesto autonómico e impidiendo su uso en educación, sanidad, vivienda pública, ayudas a la dependencia o lucha contra la violencia machista.

Con unos días de retraso -la Junta Única de Resolución (JUR) prometió hacerlo en enero- finalmente hoy se ha publicado la documentación “no confidencial” en la que la autoridad europea basó su decisión de resolver Banco Popular a principios de junio. La documentación hecha pública hoy arroja nuevos datos sobre la crisis del banco que presidía Emilio Saracho, si bien tal y como se temía, aparecen tachadas no pocas cifras, palabras y hasta párrafos completos, en gran parte por decisión del Banco Central Europeo (BCE).

Os voy a tratar de explicar, muy brevemente, el estudio que hemos realizado en el Parlamento Social, en relación con la deuda pública de Navarra...

Los auditores avisan de que el BCE tiene que mejorar su comunicación con la JUR. Y, muy especialmente, cuando la situación de un banco comienza a deteriorarse.María Tejero Martín. En una crisis, sobre todo cuando tiene a un banco en su punto neurálgico, la capacidad de reacción es clave. Hacerlo con premura, con eficiencia o con contundencia, puede ser la diferencia entre contener a tiempo la sangría.

Una auditoría externa avala los métodos de cálculo utilizados por los departamentos técnicos de la EMT y ratifica que el desembolso de 10,5 millones a Bonopark por adquirir el servicio fue adecuado. La operación, sobre la que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento había sembrado algunas dudas y sospechas, hasta el punto incluso de amagar con una querella ante los tribunales por esta compra, se hizo en base a unos criterios técnicos con una valoración económica adecuada.

Sospechan que el 1-O se financió con dinero público y no descartan que ANC y Omnium pagaran gastos "gracias a las subvenciones" que reciben

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha insistido en que la Xunta actuó de forma "legal" en la adjudicación de helicópteros de las campañas contra el fuego de los años 2011, 2012 y 2013, que provocó la apertura de una causa en un juzgado en Santiago en la que está investigado el responsable de política forestal, Tomás Fernández-Couto.