Los tribunales madrileños examinarán en las próximas semanas los presuntos "excesos" policiales ocurridos durante el estado de alarma en algunas de las intervenciones policiales llevadas a cabo en viviendas o pisos turísticos por la celebración de fiestas ilegales.

El bloqueo de Madrid se prolonga desde hace tres años. La impaciencia está creciendo lentamente en Bruselas, incluso si la Comisión de la UE sigue siendo diplomática con el mundo exterior. "El sistema judicial español todavía se enfrenta a algunos desafíos", decía el último informe sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros de la Unión, que criticaba la "falta de unidad en el Parlamento".

Este lunes al mediodía han saltado las alarmas en el centro de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han desplegado el dispositivo antiterrorista, ya que les han avisado de una fuerte explosión en el interior del hotel Petit Palace, pero ¿qué es realmente lo que ha pasado?

El canal de Negre te cuenta las conexiones entre el castrismo y Podemos, para ello traen una invitada estrella. La invitada estrella: "No tengo ninguna información de estas conexiones, pero si te puedo decir que estoy desamparada por el consulado". Y no han borrado el vídeo aún.

"El ritmo de vacunación no es malo, pero el problema es que esta variante nos ha enseñado que no ponemos todas las manzanas en la cesta de la vacunación", ha recordado el doctor.

La decisión de reforzar la lucha contra los delitos de odio, anunciada la semana pasada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, incluye la próxima actualización del Plan de actuación y coordinación policial contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil, que está en vigor desde 2014. Se trata de incorporar al radar de las fuerzas de seguridad lo que los expertos denominan “fenómenos juveniles emergentes vinculados a conductas ilícitas generadoras de una gran alarma social”,

El total ya recaudado asciende a 2.311.332 euros si bien en septiembre se analizarán las 22.957 multas del primer confinamiento, anulado por el Constitucional

El juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de León ha condenado a la subdelegación del Gobierno en esta provincia a devolver los 300 euros que multa que un ciudadano pagó al incumplir la prohibición de desplazamiento impuesta durante el estado de alarma basándose exclusivamente en la declaración de inconstitucionalidad de esta medida. El fallo impone las costas procesales a la Administración demandada, al considerar que fue parte en el proceso de declaración de inconstitucionalidad.

La sentencia del TC que tachó de inconstitucional el confinamiento bajo el paraguas jurídico del estado de alarma ha alterado el destino de miles de boletines que serán anulados. Los despachos de abogados ya han comenzado a sentir este "aluvión", según lo definen, de reclamaciones de ciudadanos que fueron multados. Desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, el Estado impuso 1.142.127 propuestas de sanción, aunque no todas fueron por saltarse el confinamiento, que son las que ahora podrían ser anuladas.

El Pleno de Cibeles ha aprobado este miércoles en una moción de urgencia, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, suspender los expedientes...

La sentencia que considera inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para combatir la crisis sanitaria prescindió de varios párrafos de la ponencia inicial que se mostraban comprensivos con la voluntad del Gobierno para salvar vidas, si bien eso no afectaba al sentido final del fallo del Tribunal Constitucional.

Un juzgado ha considerado la sanción de 601 € a una menor en Madrid disconforme a derecho tras el fallo que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma.

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, discrepa de la opinión mayoritaria del tribunal sobre la inconstitucionalidad.

Sin tiempo para celebrar su primera victoria en el Constitucional, Vox está a punto de cosechar la segunda gran censura a la gestión de la pandemia del Gobierno de Pedro Sánchez. El recurso de inconstitucionalidad, presentado por la formación de extrema derecha contra la prórroga del estado de alarma que el Congreso aprobó el 29 de octubre de 2020, está a punto de imponerse, a la espera del enconado debate que se anuncia para después de verano.

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, discrepa de la opinión mayoritaria del tribunal sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma y sostiene que no se suprimió el derecho a la libre circulación y que las medidas adoptadas fueron proporcionales para el objetivo de salvar vidas. "Ninguno de los derechos fundamentales ha sido suspendido en sentido propio", ha asegurado.

El concepto de orden público incuestionablemente tiene componentes indeterminados, que puede ser enfocados desde una u otra perspectiva, pero, en todo caso, cuando el legislador establece unas pautas para perfilar y determinar su verdadero significado, los Tribunales, y con mayor razón, el Tribunal Constitucional, tendrán que ajustarse a las leyes que lo regulan sin hacer malabarismos o esgrimas dialécticas para llegar a una conclusión contraria a las previsiones del legislador constitucional y de las leyes elaboradas por el poder legislativo.

La decisión de los seis magistrados del Tribunal Constitucional constituye una sentencia válida y habrá que cumplirla. Pero en una sociedad democrática ello no es obstáculo para sostener que la conclusión adoptada rompe con los principios y conceptos que nuestra Constitución y las leyes complementarias han acuñado para delimitar el concepto de orden público.

El tribunal de garantías se prepara para abordar la discusión en septiembre, a la vuelta del verano. Pero para algunos miembros del Pleno está claro que "volverá a imponerse la tesis conservadora", porque además, el ponente es parte de ese bloque. Se trata del magistrado Antonio Narváez, exfiscal del Tribunal Supremo y que se apartó de los recursos sobre el procés tras ser recusado por haber calificado de "golpe de estado encubierto" el referéndum del 1 de octubre de 2017.

El voto particular del magistrado progresista carga contra el criterio de la mayoría al entender que "aboca a la arbitrariedad" y es "instrumental"

El TC, en una sentencia que no por esperada deja de sorprendernos, ha declarado, la inconstitucionalidad del Decreto Ley del 14 marzo de 2020 por el que se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional ante una crisis sanitaria grave, de dimensiones desconocidas hasta ese momento, y que la Organización Mundial de la Salud ha elevado a la categoría de pandemia. [...] Por mucho que lo maticen, es difícil que encaje dentro de la razón jurídica que impone el respeto a la Constitución y a las leyes que la desarrollan.

Desconcho la pared al clavar una escarpia con un martillo. El encargado me recrimina por no taladrar y no usar un taco para no dañar la pared. El martillo es el estado de alarma. El taladro es el estado de excepción. La pared violentada, el Estado de Derecho y los DDFFs.