El principal problema de esta iniciativa es que una agencia gubernamental ordinaria ha sido facultada para bloquear el acceso a sitios de Internet sin una orden judicial. La consecuencia de esto puede ser el establecimiento de la censura en Internet, ya que las direcciones de los medios en línea se pueden agregar a la lista de recursos a bloquear. Dado que la lista de sitios prohibidos está formada por un organismo estatal, nada le impide agregar medios que se permitan una mirada crítica sobre el trabajo de las autoridades o de proyectos web.

El argumento de los magistrados conservadores para negarle la aprobación a Díez y Campo es que es necesario primero que el CGPJ haga sus dos nombramientos, en cumplimiento de la Constitución, que indica que la renovación en el TC ha de hacerse por tercios, es decir, cada cuatro magistrados. El propio Tribunal Constitucional sentenció al respecto el 15 de noviembre de 2016 : "Cuando un órgano que tenga obligación de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma eso no puede retrasar a otro órgano".

El núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP ha impuesto hasta ahora su minoría de bloqueo para obstaculizar el relevo en el tribunal de garantías, que acumula tres meses de retraso. Rel: menea.me/28jaf

El bloque conservador del CGPJ se ha reunido este mismo viernes para estudiar la posibilidad de solicitar al presidente interino, Rafael Mozo, que convoque un Pleno extraordinario para votar a los dos candidatos del TC antes de que la citada reforma quede aprobada y entre en vigor.