En medio de una larga tormenta, la Conferencia Episcopal ha confiado en un potente despacho de abogados para tratar de lidiar con las denuncias sobre abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. El paraguas ya está abierto y lleva el sello de Cremades & Calvo Sotelo, un experimentado bufete con sede en varias ciudades y entre cuyos socios figura un rostro conocido de la política española: el exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta.

El PSOE se aleja así de la iniciativa de Unidas Podemos, ERC y Bildu que busca crear una comisión de investigación parlamentaria.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, policía local de València, acusado de abusar sexualmente de tres empleadas en un local hostelero de su propiedad.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha subrayado este lunes que la Iglesia en España está "muy en sintonía con el Papa Francisco, con la tolerancia cero y con que el peso de la ley, de la justicia, caiga sobre los culpables" respecto a investigar los abusos sexuales por parte de sacerdotes, pero ha insistido en que "eso no es competencia del Congreso, ni tampoco del Defensor del Pueblo".

La Fiscalía de Mataró ha informado al juez que los abusos denunciados son anteriores a 1980 y, por lo tanto, no pueden juzgarse. La de Sabadell mantiene abierta una investigación sobre los abusos del religioso en la Salle de Montcada

La voluntad encubridora de los prelados en cuanto a los delitos sexuales cometidos por los sacerdotes católicos no sólo es evidente por la propia fuerza probatoria de los hechos, sino que, por esperpéntico que parezca, resulta ajustada al proceder que establece el Código de Derecho Canónico por el que se gobierna la Iglesia católica actual. Lo que el Derecho Canónico vigente entiende por "ley penal" está regulado en su libro VI, De las sanciones de la Iglesia. La burla a las víctimas y a la Administración de Justicia es obvia. Los textos son...

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha subrayado este lunes que la Iglesia en España está «muy en sintonía con el Papa Francisco, con la tolerancia cero y con que el peso de la ley, de la justicia, caiga sobre los culpables« respecto a investigar los abusos sexuales por parte de sacerdotes, pero ha insistido en que «eso no es competencia del Congreso, ni tampoco del Defensor del Pueblo«.

Javier Cremades es presidente de la Fundación Madrid Vivo, creada por el cardenal Rouco en 2011. El bufete presume de músculo por su participación en distintos procedimientos con multitud de víctimas, aunque ahora sale a la luz su relación con la Conferencia Episcopal al ser la "consultora externa" elegida para investigar los abusos sexuales de la Iglesia

La Iglesia eludió investigar las denuncias internas que señalaban como presunto abusador de menores al párroco de un pueblo de Teruel que años después, tras colgar la sotana, admitió padecer un trastorno de "parafilia de tipo pedófila" para reducir su condena a prisión por sus tratos lascivos con otros niños.

La Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo una auditoría independiente sobre los casos de abusos sexuales. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades& Calvo Sotelo, Javier Cremades, comparecerán en rueda de prensa este martes para dar a conocer los detalles. La Iglesia española sigue así el modelo alemán en la investigación de abusos sexuales y deja en manos de un despacho de abogados la aclaración de las denuncias.

La Iglesia católica española se someterá a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en su seno, según ha informado la Conferencia Episcopal Española en un comunicado, recogido por Europa Press.

El sacerdote francés Tony Anatrella, de 81 años, sancionado en 2018 por la Iglesia tras haberse probado que cometió abusos sexuales contra algunos seminaristas a los que trataba como terapeuta, está en Roma para asistir a un congreso organizado por el Vaticano sobre el sacerdocio.

El Juzgado de lo Penal 1 de Huelva juzga esta semana a F.J.R.C., encargado de una finca situada en el Paraje Las Malvinas de Moguer (Huelva) por abusar sexualmente de cuatro temporeras marroquíes que con contrato en origen se habían desplazado a la misma para la campaña agrícola.

La Conferencia Episcopal Española se niega desde hace años a investigar el problema y admite que nunca ha contado los casos que conoce, aunque de todos modos asegura que son muy pocos. La comisión francesa abrió un correo electrónico a las víctimas en 2019 y llegaron miles de mensajes. En España ese buzón lo abrió EL PAÍS en octubre de 2018 (abusos@elpais.es). Apenas se contabilizaban 34 casos en cuatro décadas, y las diócesis españolas solo admitían 4. A partir de entonces, el correo electrónico de este periódico ha recibido casi medio millar.

Escándalo máximo en Catar. Una mujer mexicana fue condenada a 100 latigazos y siete años de prisión por mantener una relación sexual fuera del matrimonio. Paola Schietekat ya está en tierras mexicanas, pero su caso sigue abierto. La mujer fue a trabajar a Catar en la Supreme Committee for Delivery and Legacy, organización encargada del mundial de futbol, y una vez allí fue abusada sexualmente por un conocido. Sin embargo, las leyes locales consideran que se trata de una relación sexual fuera del matrimonio, que está castigada por las autoridade

Tal como ocurre con la Memoria Histórica esa derecha ultramontana que padecemos no quiere saber, ni que sepamos. Ellos, los protectores de la sacrosanta familia, los que velan por las buenas costumbres de los pequeños, con pines parentales no sea que se contaminen las mentes infantiles por saber que existe un mundo diverso, donde hay personas del mismo sexo que se aman y se acuestan juntas, o diversas razas en convivencia sana. Ellos, los que dicen cuidar de nuestros niños, no quieren saber quién y cómo los han abusado o violado. Ni castigar...

La familia activará ahora el procedimiento civil para reclamar una indemnización por daños y perjuicios a un centro escolar que llegó a costear parte de la defensa del profesor

La Fiscalía General del Estado ha publicado este miércoles un recuento del número de procedimientos penales en tramitación en los tribunales españoles referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de instituciones religiosas. El documento señala que hay 68 denuncias o querellas abiertas (incoadas tanto en sede judicial como fiscal) sobre pederastia, aunque no diferencia cuáles afectan a la Iglesia católica y cuáles a otras instituciones, como los Testigos de Jehová o la Iglesia Evangélica.

Se trata del sacerdote Francisco Manuel García Martín, acusado de abusos cuando era párroco de la iglesia de San Esteban, en Serracines (Madrid). La víctima, una niña de 16 años, asegura que los hechos sucedieron entre septiembre de 2015 y enero de 2016. Tras la denuncia de abusos sexuales fue destinado a Málaga, donde trabajó como docente, fue párroco de Alfarnate y acabó pasando por la cárcel.

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha reabierto la investigación por el trato que la Conselleria de Igualdad dirigida por Mónica Oltra dio a Teresa, la menor que fue abusada por el ex marido de la vicepresidenta valenciana. El instructor ha citado a declarar a partir del próximo de 28 de febrero, según avanzó Las Provincias, a seis altos cargos en la causa que determinará si abandonaron o dejaron desprotegida a la menor tras la denuncia.

Los abogados del príncipe Andrés de Inglaterra anunciaron hoy que han alcanzado "un acuerdo de principio" con Virginia Giuffre, la mujer que lo denunció por abuso sexual siendo ella menor de edad. En un escrito dirigido al juez Lewis A.Kaplan, los abogados no desvelan los términos del acuerdo, pero le piden que "suspenda todos los plazos" del juicio, que estaba previsto comenzase el próximo otoño. Giuffre alega que fue víctima de la red de tráfico sexual del difunto empresario Jeffrey Epstein, lo que la llevó a mantener relaciones sexuales con

En este documental, la BBC investiga como muchas rumanas son presa fácil de traficantes. En 2020, fueron identificadas 429 víctimas de tráfico sexual en Rumanía. La mitad eran niñas. Muchas de estas jóvenes son enviadas a Reino Unido para ejercer la prostitución. Entre ellas, hay casos de niñas de hasta 10 años.

El maltrato a perritos y gatitos está penalizado, pero la vida de cerdos, terneros y gallinas en sitios indignos también es maltrato animal. El abandono de la protección de la biodiversidad y las políticas anticlimáticas también es maltrato animal. Encerrar animales salvajes en un zoo es maltrato animal.