El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, ha dictado un auto por el que deja sin efecto el fin de la instrucción de esta causa fijado para el próximo jueves, 27 de agosto, en cumplimiento de la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma, que entró en vigor a finales de julio, pone fin a los cambios introducidos por el Gobierno del PP para limitar los plazos de instrucción de las causas penales, criticados por toda la oposición del momento y las asociaciones de…

En el escrito que presentaron Adade y el PSOE se afirma: “Es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente de El Corte Inglés. Desconocemos desde qué fecha, pero en cualquier caso consta en la página web del Consejo General del Poder Judicial la aprobación de la compatibilidad para prestar servicios para esta empresa y cobrar por ello, al menos desde su reincorporación a la plaza de la que es titular en el Juzgado de Instrucción número 6...

Distintos imputados en el ‘caso Púnica’ de corrupción se están posicionando en contra de la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón amplíe la instrucción de la causa más allá del 27 de agosto después de que las Cortes Generales hayan dado luz verde a la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que extiende los plazos al menos un año más. Relacionada www.meneame.net/story/imputada-esperanza-aguirre-pide-no-aplique-refor

La acusación popular de Adade y el PSOE solicita al instructor que fije el nuevo plazo de instrucción en aplicación del cambio legal. García-Castellón duda sobre la aplicación de la reforma y la Fiscalía Anticorrupción sopesa si solicitará una ampliación

Los últimos pasos de la instrucción indican que el juez es partidario de cumplir un auto de 2019 que lleva a cerrarla el 27 de agosto. Pero la reforma legal en vigor desde este miércoles permite mantenerla abierta otro año. Las nuevas revelaciones sobre la finciación interna en la etapa de Aguirre y los puntos negros aún pendientes en el caso apuntan a que la Fiscalía y las acusaciones populares pedirán que la investigación prosiga

El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, ha afirmado ante el juez que vio con sus propios ojos "cómo el entonces tesorero Álvaro Lapuerta entregó a Aguirre 60.000 euros de un constructor". Relacionada:www.meneame.net/story/empleada-correa-fiscales-punica-esperanza-aguirr

La Cadena SER accede a los sonidos de los tres testigos del caso Púnica, que acusaron a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de estar al frente de la financiación en negro del PP en la región

Cita para el 24 de julio como imputado al exjefe de la asesoría jurídica Faustino José Soriano y al empresario Javier Cid por un pelotazo de 60 millones. El instructor cumple así con lo solicitado por el Ministerio Fiscal en aras a aclarar una serie de operaciones urbanísticas ocurridas en esta localidad epicentro de la trama entre los años 2001 y 2006 y que habrían generado unos beneficios de 60 millones de euros para los cabecillas Francisco Granados y David Marjaliza.

Desde el pasado 2 de septiembre del 2019 la placentera vida de Esperanza Aguirre se ha convertido en una carrera contra reloj para lograr que el juez García Castellón archive la investigación abierta sobre ella en el Caso Púnica y más en concreto en su PS 9 que trata de la financiación ilícita del PP de Madrid. El próximo día 27 de agosto finalizará la instrucción.

El que fuera el alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y expresidenta del PP regional Esperanza Aguirre “era la persona que controlaba, conocía y que daba todas las órdenes de todo lo que se hacía en el partido”.Además de González Panero han declarado ante el juez el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, y la exadministradora de las empresas del cabecilla de la Gurtel Isabel Jordán.

Guillermo Ortega, en prisión por el Caso Gürtel, ha asegurado que alcaldes como él le hacían entregas de dinero en metálico a Aguirre, quien llamaba a los donantes para agradecérselo personalmente. Ha asegurado también en su declaración que se produjo una reunión en Génova, sede del Partido Popular, en la que el extesorero Álvaro Lapuerta dio a Aguirre 60.000 euros mensuales de un constructor para financiar su campaña de 2007.

Si el caso Gürtel ganó peso cuando Bárcenas hizo llegar sus papeles al juzgado (negando al principio que fueran suyos, ¿se acuerdan?), el caso Púnica gana datos ahora que Majarliza le ha llevado al juez sus papeles. En los que reflejó las comisiones que fue pagando a los políticos con los que trataba (o mejor, con los que traficaba favores) en los municipios de su ámbito geográfico: por supuesto en Valdemoro, patria de Paco Granados (ahijado político de Esperanza Aguirre), pero también de Getafe, de Pinto...

David Marjaliza, el arrepentido de la Operación Púnica cuyas revelaciones mantienen contra las cuerdas al antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, y al propio partido, se ratificó este martes en lo que ya había avanzado en declaraciones anteriores: que además de a Granados pagó entre 1999 y 2002 por operaciones urbanísticas a alcaldes y concejales del PSOE y a un edil de IU.

García-Castellón rechaza las últimas maniobras de los dos investigados por financiar irregularmente al PP regional y acusa a López Madrid de intentar "retrasar" la instrucción con una "estrategia vistosa y de poco recorrido". Villar Mir, imputado por las mordidas al PP de Madrid: "He dejado de trabajar en algunas comunidades autónomas por la corrupción".

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de investigar el caso Púnica de corrupción, un informe pericial en el que constata la “manifiesta ilegalidad” de la cláusula del 1% que los ejecutivos de Esperanza Aguirre incluyeron en las licitaciones de obras y servicios de cerca de medio centenar de hospitales y centros de salud.

La principal adjudicataria es Cofely España, S.A., considerada como el eje de la trama Púnica, quien se ha embolsado 376.606 euros desde 2015. El último contrato, superior a los 190.000 euros, le fue adjudicado en 2018.

David Marjaliza ha presentado un escrito en los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, en el que asegura que el ex secretario general del PP le ha denunciado "para tratar de influir en su actual y futura conducta procesal de colaboración" en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional

La trama que salpica a exdirigentes del PP madrileño como Francisco Granados, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, contaba con fecha límite el 6 de junio, es decir, este mismo sábado. Da un plazo 'extra' de 82 días -los mismos que han estado suspendidos los plazos procesales- y ordena impulsar la investigación en Valdemoro.

El caso, que suma varios centenares de imputados y se divide en un total de 11 piezas, encauzaba su fase final. Aunque algunas de sus patas ya están terminadas -como ocurre con las piezas de León y Murcia sobre los contratos amañados al informático Alejandro de Pedro- otras se están atascando muchos más. Esto último pasa en investigaciones consideradas 'troncales' en la macrocausa como es la relativa al pelotazo de Valdemoro -que se tendrá que indagar por orden de la Sala de lo Penal pese al carpetazo acordado por el instructor-.

Fueron meses de tensión soterrada, pero Javier Monzón salvó con éxito su continuidad como presidente de Prisa en el último trimestre del año pasado. Buena parte de esa decisión dependió del informe jurídico elaborado por el despacho Pérez Llorca, tal como detalló la propia empresa editora este lunes en su informe anual de gobierno corporativo remitido a la CNMV. A comienzos de septiembre del año pasado, con motivo de su comparecencia como investigado en la Audiencia Nacional por el caso Púnica, la comisión de nombramientos de Prisa inició...

Ni son bots, ni el Ministerio está detrás, ni mejora su cuenta de facebook. Lo curioso es que este diario sea difundido por una empresa relacionada con el caso púnica. Quién estaba detrás era Alejandro de Pedro, propietario de varias empresas que se dedicaba a la creación de webs y cuentas falsas de redes para hacer astroturfing y defender a corruptos del PP y atacar a sus enemigos polítcos, como la marea verde.