"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera

El juez del caso Tsunami, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra su decisión de proponer al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont. En un auto, García Castellón niega que esté retorciendo los hechos para imputar a Puigdemont en pleno debate de la Ley de Amnistía y acusa al Ministerio Público de hacer dejación de sus funciones, como garante del cumplimiento de la legalidad que le otorga su estatuto. El recurso también impugnaba la imputación de la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas.

Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell… algunas de las víctimas de las víctimas de la Operación Cataluña, espiados ilegalmente por las cloacas de Interior han solicitado al juez García Castellón que abra una pieza aparte dentro de la macrocausa Tándem y judicializar aquella maraña de corrupción del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular contra el independentismo catalán entre 2012 y 2016.

La magistrada de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius ha acordado el archivo definitivo del incidente de recusación contra el juez instructor de la causa de Tsunami Democratic, Manuel García Castellón, presentada por el investigado Josep Lluis Alay, colaborador de Carles Puigdemont.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón ha absuelto a una asociación feminista y a su presidenta de los delitos de odio y amenazas contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, en relación a unas pintadas donde se veía el rostro del político con un punto rojo en la frente que simulaba un disparo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Más allá de citar tres artículos de la directiva europea, el juez obvia en sus últimas resoluciones del caso las recomendaciones de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) a la hora de aplicar la normativa. Las sugerencias de este organismo oficial de la UE buscan que las autoridades no apliquen el rodillo antiterrorista a toda acción o protesta y que la lucha contra los actos de terror sea previsible, objetiva y compatible con las libertades fundamentales.

Pese a que la investigación de los hechos la está llevando la Policía Nacional, fuentes autorizadas han confirmado a este periódico que el joven fallecido estaba con un amigo, con el que se tomó unas setas alucinógenas que le provocaron que se pusiera violento, rompiendo incluso varios objetos de la vivienda, llegando a lanzar algún mueble por el balcón.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea ha respondido al juez de la Audiencia española Manuel García-Castellón que la protesta convocada por el Tsunami Democrático el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat no tuvo ningún impacto en la actividad de los otros aeropuertos europeos. Es una de las preguntas que el juez dirigía a este organismo en su intento sobrevenido –a raíz del acuerdo sobre la amnistía– de justificar la investigación por terrorismo de la causa del Tsunami, en la que ha encausado, entre más políticos...

Nuevo protagonista en la causa del Tsunami Democrático abierta por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional. En este caso se trata de una histórica librería del centro de Girona, Les Voltes. Un establecimiento situado en la Plaça del Vi, al lado del Ayuntamiento de la ciudad, que la Guardia Civil investigó como centro de «radicalización independentista». Tanto es así que interceptaron las comunicaciones de Joan Matamala, el responsable de la librería y presidente de la Fundación Les Voltes, y se hicieron seguimientos operativos policial

Peñíscola ha celebrado su primera década como miembro de la Asociación de Pueblos más Bonitos de España, pues fue en enero de 2013, cuando fue seleccionado como uno de los primeros pueblos en reconocerse como uno de los más hermosos.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella presentada por Podemos contra el juez central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y el magistrado de refuerzo de este juzgado, Joaquín Gadea. El tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, asegura que no hay indicios de delitos de prevaricación, revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos en relación con la reapertura de una investigación a esta formación política y a sus líderes.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la plataforma 'Tsunami Democràtic' autorizó a los agentes de la Guardia Civil a instalar un "software remoto" en el móvil de los exdiputados de la CUP en el Parlament David Fernández y Quim Arrufat y en el del exdiputado de Catalunya Sí que es Pot en la Cámara catalana entre 2015 y 2017 y exlíder de Podemos en Catalunya, Alberto Dante Fachin. También dio luz verde a intervenir al menos 40 dispositivos de otros investigados en la causa.

Así, el secretario del juzgado de instrucción arguye que no se puede tramitar porque el escrito del juez Manuel García Castellón que remitía el sumario al Tribunal Supremo era una «diligencia de ordenación» –que tiene menos tiempo de plazo– y no una interlocutoria, que tiene más. Una interpretación que ha hecho poner las manos a la cabeza a la defensa de Alay, porque incluso es contraria a la doctrina más reciente del mismo Supremo. De hecho, razonan que el juzgado ha empleado esta argucia para evitar que el recurso llegue a la sala de apelacio

El Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Manuel García Castellón, se ha visto obligado a suspender el plazo que había conferido a los abogados de los procesados en el caso Kitchen para que formularan sus escritos de defensa en la causa por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Y lo ha acordado a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determine si el instructor ha cometido o no "un error" en el auto de apertura de juicio oral, tal y como denuncia el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz

Podemos ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que la querella que presentó contra el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y otros excargos de la cúpula de ese Ministerio durante la etapa del PP en el Gobierno no sea asumida por el juez Manuel García Castellón.

El acelerón que el juez Manuel García Castellón ha dado al caso Tsunami Democràtic en el último mes ha comportado un aluvión de escritos en contra de sus decisiones. Pese a que, sobre el papel, el primer recurso de la Fiscalía ya tendría que estar rumbo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la realidad es que a día de hoy permanece encallado en el juzgado titularidad del magistrado. El ralentí del juzgado ha enervado tanto a las defensas de los independentistas como a la Fiscalía.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles posponer su decisión sobre la admisión a trámite de la ampliación del amparo solicitada por el juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga a Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, para incluir también unas palabras del diputado de ERC Gabriel Rufián hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva sobre quién debe investigar el asunto.

Las protestas contra la amnistía en Ferraz, que siguen celebrándose de forma ininterrumpida desde hace prácticamente un mes, han derivado cada noche en una esperpéntica concentración nacionalcatólica donde se invita a rezar el rosario "por España". El entorno ultra en las redes sociales actúa como palanca que anima a salir a la calle y participar en estas concentraciones con mensajes como los que ponen de relieve el papel importante que tiene en este momento en la lucha contra el independentismo catalán, el juez de la Audiencia Nacional Manuel

Más acciones. El magistrado Manuel García-Castellón ha hecho una nueva resolución, este lunes, en la cual ha ordenado nuevos requerimientos a organismos españoles, incluso a europeos, para aclarar las "incidencias" que la manifestación masiva en el aeropuerto del Prat contra la sentencia del Procés, el 14 de septiembre de 2019, ocasionó en el espacio aéreo, y que imputa a los 12 investigados por terrorismo a los cuales considera organizadores de Tsunami Democràtic, la plataforma anónima que impulsó las manifestaciones.