Uno de ellos es quien supone que redactó el contrato y otro el representante legal de la empresa con la que se suscribió. El pasado enero, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó sendos recursos de Podemos en los que solicitaba, por un lado, que se decretase la nulidad de la causa en la que se investiga y, por otro, que se le retirase la condición de investigado. No obstante, emplazaba al juez a determinar «con celeridad» qué delitos cabe atribuir al partido político como persona jurídica para evitar que se prolongue de forma innecesaria.
