Un fuerte operativo policial ha dejado a veinte personas en la calle y ha cargado contra los vecinos que se han manifestado para impedirlo

En el 2021, su piso salió a subasta "y me daban un pequeño plazo para pagar 20.000 euros". Al principio, todo iba bien. Blanco pagaba su cuota y seguía viviendo en su domicilio, pero todo cambió tras un problema con su abogado: "Él se quedó con el dinero y no lo ingresó en el banco. Yo empecé a sospechar porque no me mandaba ningún justificante del pago, así que decidí ir al juzgado y presenté una denuncia"

“Trabajé como una desgraciada para que no le faltara nada a mis hijas y ahora me han echado de casa”, dice llorando Cruz Barros, de 70 años. Fue la primera tractorista de Gondomar y trabajó durante toda su vida para sacar adelante a sus siete hijos. Uno de ellos es la portavoz local del PP Paula Bouzós, a cuya casa, señala, se trasladó en la campaña electoral de hace cuatro años para cuidar de su nieta. Madre de siete vástagos de 41 a 49 años, la desahuciaron ayer de la casa familiar.

El pianista cuenta que se comprometió a asumir los pagos de los próximos dos años, pero la propietaria lo rechazó. "Parece claro que sólo les interesa convertirlo en un piso turístico", denuncia. El pianista James Rhodes se ha involucrado de lleno en el caso de Blanca, una mujer de 78 años que corre peligro de ser desahuciada del piso de Barcelona en el que vive desde hace más de cinco décadas. El artista se ofreció a pagar las mensualidades del alquiler de la vivienda durante los próximos dos años "a precio de mercado".

Blanca Espinosa tiene 78 años y es vecina del barrio Gótico de Barcelona desde hace casi medio siglo. “Llegué a esta casa vestida de novia”, recuerda mientras repasa todos los rincones de su hogar. Toda una vida de recuerdos con sus dos hijos y su marido, fallecido hace tres años. “Yo quería morirme en mi casa”, dice la anciana, que rompe a llorar. Sabe que su deseo puede no cumplirse por culpa de una deuda de 88 euros contraída con la propietaria por unas obras que se realizaron en su casa en 2017.

Vecinos han convocado una concentración este miércoles para evitar el desalojo.

Blackstone ha comprado en la última década en España al menos 146.320 viviendas y 81.095 préstamos, junto con una masa indeterminada de promociones residenciales y de suelos edificables. Su modelo de negocio sigue generando miles de desahucios.

El fondo vinculado a Aznar Botella planteó hace dos años diversas demandas de desahucio al entender que aquellos contratos de alquiler social, que se firmaron por un periodo de tres años, han vencido. Los afectados, por su parte, alegan su condición de vulnerabilidad.

Tras ser paralizado esta semana, el desahucio de Cruz está programado para diciembre, pero en su caso está por medio la Sareb y una empresa que adquirió 400 viviendas.

El área de Servicios Sociales busca una vivienda social de la Generalitat como alternativa. Tanto el Ayuntamiento de Callosa como la PAH pudieron averiguar que el procedimiento judicial por impago que señalaba el lanzamiento previsto para el día 24 no era en firme y se podía recurrir. Manuel, de 38 años, sufre esclerosis múltiple, y tiene reconocido un grado de discapacidad física superior al 80%. Su madre María, de 79 años, es dependiente en alto grado.

La familia, residente en un pueblo de Alicante, es tratada de okupa por la propiedad, que se adueñó del piso porque había sido avalado para la compra de una segunda vivienda.

Elena Hernández de Cabanyes gestiona la inmobiliaria Second House y forma parte de Renta Corporación, participante en el polémico congreso de fondos de inversión.

Los afectados son inquilinos de una promoción de viviendas adquirida por un fondo buitre, que desde agosto se costean un grupo electrógeno, dado que les cortaron la luz. Entre ellos hay menores y personas vulnerables.

Un acuerdo con el jardinero de la plaza es el único hilo de humanidad que han recibido desde su desahucio. El trabajador hace la vista gorda y desactiva los aspersores para que no se empape el precario campamento instalado en el parque Cuartel Huertas, frente a los juzgados de Móstoles. “Ahora estamos esperando a que termine de regar”, relata una de las mujeres desahuciadas en el municipio de la Comunidad de Madrid

A las 5:30 de la madrugada y sin esperar a la comisión judicial, hace poco más de un mes 18 familias fueron desahuciadas por un fuerte dispositivo policial.Personas mayores y de 18 niños no impidió que decenas de antidisturbios dejasen sin hogar a 48 personas en Móstoles (Madrid),y obligadas a vivir en la calle pese las resoluciones contrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .El Ayuntamiento azulverdoso, que ha decidido mandar a su policía local a multar a las familias por vivir en la calle. ..

Los residentes tendrán que dejar sus hogares en el centro de Santa Eulària, el municipio con la vivienda más cara de España en 2022. Hace diez días, los residentes del bloque de pisos de la calle Sol de esta turística localidad costera recibieron una carta en la que se les notificaba que la propiedad no tiene intención alguna de renovar sus contratos de alquiler una vez hubieran vencido y que tendrán que abandonar las viviendas a medida que finalizaban. La propiedad no les ha dado la posibilidad de prorrogarlos, ni tampoco de incrementar su...