El Tribunal Supremo inaugura este 2024 con una nueva vacante entre sus magistrados tras oficializarse la marcha de Juan María Díaz Fraile, a quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido la excedencia voluntaria. Con su salida se materializan los temores expresados en septiembre por el presidente del Alto Tribunal: más del 30% de la plantilla del órgano está pendiente de renovación. El tribunal acumula 24 asientos vacíos a la espera de un nuevo CGPJ que designe a magistrados que los ocupen.

Los socialistas recuerdan las críticas del líder del PP al sistema de verificación que también tienen Junts y ERC.

Sánchez y Feijóo acuerdan la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido".

El Consejo dice que no sometimiento del poder judicial frente al legislativo y la comparecencia a estas comisiones no es debatible: no pueden comparecer

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se ha pronunciado este miércoles al respecto de las distintas materias en que chocan la Justicia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya sea de cara a las comisiones para investigar el lawfare del Congreso como para la renovación del órgano o la desclasificación de documentos como los del 'caso Pegasus'. Guilarte ha pedido evitar esto último, ya que ha sentenciado que implicaría desclasificarlos para su "espuria difusión" totalmente fuera del contexto en el que surgieron

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido a los jueces de que se podrían enfrentar a “consecuencias penales” si no comparecen ante las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, ya que su asistencia es “de obligado cumplimiento”. En pleno debate sobre el 'lawfare', Junts ha insistido en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. Rius ha recordado el artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el senador del PP José Antonio Monago le acusara el pasado martes en la Cámara Alta de protagonizar el "mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España". Monago se refirió con estas palabras a la participación de De Prada en la sentencia que en mayo de 2018 dio por probada la existencia de una caja B en el PP y desencadenó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano R

Vicente Guilarte, advirtió el viernes pasado del “efecto devastador” que tienen los “frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial”, protagonizados en ocasiones por “representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba”, como “vimos el martes en el Congreso y en el Senado”. Y ha añadido que “ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su Pleno de este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de 'lawfare', a petición de los vocales conservadores, los cuales consideran necesario que el órgano adopte un "rotundo posicionamiento" contra el "acoso" a jueces y magistrados.

Una medida de "sentido común" ante la actitud de estos magistrados, que con su negativa a renunciar parecen aspirar a tener un puesto "vitalicio" y que, a este paso, van a "tenerlos más tiempo que a Franco". "Van prácticamente a su tercer mandato", ha reprochado el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia tras remarcar que el CGPJ lleva sin renovarse más de cinco años. Por ello, ha apostado que en caso de persistir esta situación de parálisis, se estudie un cambio normativo que limite las funciones a las estrictamente constitucionales.

El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Vicente Guilarte, ha reclamado este viernes a los políticos que rebajen la tensión tras las últimas críticas con nombres y apellidos a jueces realizadas por representantes de Junts y por el senador del PP José Antonio Monago. “Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz”, ha afirmado refiriéndose de forma expresa a las intervenciones “en el Congreso y en el Senado”.

Entre los múltiples incendios que van ahumando el inicio de legislatura, el más preocupante en mi opinión es el que protagoniza el Poder Judicial, no sólo el de la propia cúpula institucional del mismo —caducada desde hace cinco años largos— sino el de magistrados y tribunales concretos que administran causas de contenido netamente político. Lo indignante es que el propio Consejo del Poder Judicial no haya abierto expedientes a unos cuantos jueces que han mantenido durante años en sus juzgados causas abiertas sin el menor fundamento

Este movimiento tiene lugar justo después de que ayer en el Congreso la diputada de Junts Miriam Nogueras llamara «indecentes» al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes y Pablo Llarena, “personajes indecentes” que “en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”, y añadió que eran “cómplices de la politización de la policía y de la justicia española”.

Ayer se confirmó que el caso Neurona contra Podemos era un lawfare de libro: ni pruebas, ni testigos, ni indicios siquiera ... que apuntaran a un delito por parte de la cúpula de la formación morada; nada en tres años de portadas, tertulias y ataques virulentos contra personas honradas e inocentes que van mucho más allá de los dirigentes de Podemo

Consejeros elegidos a propuesta del PP estudian llevar la propuesta del presidente en funciones al próximo pleno del Consejo General del Poder Judicial

“No vamos a cambiar de opinión”, ha dicho Gamarra, quien no ha mencionado la tercera vía que se ha abierto para buscar una solución, y que pasa por reordenar las competencias del CGPJ, en línea con la propuesta que lanzó la semana el presidente accidental del órgano, Vicente Guilarte. Guilarte y Feijóo departieron unos minutos este miércoles en el Congreso durante la recepción, aunque no ha trascendido el contenido de la conversación. El PP está enrocado en el aforismo “que los jueces elijan a los jueces”, pero desde la Comisión Europea se...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene el mandato caducado desde hace cinco años, reitera su "rechazo a las referencias al lawfare" y avisa de que estará "vigilante", en "defensa de la independencia judicial", a las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la Operación Catalunya. En un comunicado hecho público este martes, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces insiste en el posicionamiento que aprobó el pasado 9...

Ahora están dispuestos a pactar con el PSOE los nuevos nombramientos con el sistema actual, siempre y cuando se apruebe el cambio en la forma de designar a los magistrados que componen el CGPJ de forma simultánea. Este cambio de posición llega apenas unas horas después de que el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, señalase este lunes que, como ya reflejaron en el informe sobre el estado de Derecho de 2022, es una "prioridad" renovar el consejo y una vez esté realizado, se debe hacer "una reforma ajustada a los estándares europeos".

La Comisión Europea reitera que España debe proceder de manera inmediata a la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha insistido en que esa debe ser la “prioridad”, por encima de cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, que es la condición que vuelve a poner Alberto Núñez Feijóo. “Después de cinco años se hace cada vez más urgente la renovación”, ha dicho Reynders en una rueda de prensa junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tra