Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) plantean una reforma de los órganos de control del gasto público, desde el Tribunal de Cuentas hasta las Intervenciones de la Administración local, pasando por la propia Intervención General de la Administración del Estado y los propios de las Comunidades Autónomas. En la mayoría de los casos de corrupción política y empresarial aparezcan siempre delitos fiscales y de blanqueo de capitales, las debilidades en el control del gasto público están muchas veces detrás de los mismos.

Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato estaba caducado: El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Una semana después de anunciarse que se reiniciaban las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pactado los nombres que serán designados por el Congreso y el Senado en próximas secciones. Quedan pendientes todavía los relevos en el Conse

El Instituto Catalán de Fianzas pretendía cubrir los 5,4 millones de euros con dinero público, que ahora tendrán que avalar los implicados con sus bienes personales.

Apenas tres de cada diez ayuntamientos españoles consiguieron aprobar en sus plenos los presupuestos previstos para el año 2019 antes de que arrancase ese ejercicio. Una muestra de como el recurso a la prorroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local. Los datos hablan por si solos. Apenas 1.879 municipios iniciaron el año 2019 con el presupuesto aprobado, lo que supone que el 69%

[..] Ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes (Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas de Gran Canaria y Getafe); cinco diputaciones (Cuenca, Zamora, Málaga, Almería y Cádiz), y tres cabildos insulares (Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro) no habían rendido, a 7 de abril de 2021, las cuentas generales del ejercicio 2019.

El Tribunal de Cuentas ha confirmado este lunes que reclama un total de 15.673.702,21 euros tras haber dictado un acta de liquidación provisional por esta cantidad que afecta a altos cargos del PSOE y personas vinculadas a UGT en relación con presuntas irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar en las ayudas socio laborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples deficiencias y variados incumplimientos en los contratos de seguridad privada realizados por los ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos dependientes durante los ejercicios de 2016 a 2019.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado 9.745.882 euros al sindicato UGT en virtud de un expediente de responsabilidad contable que deriva del caso de los ERE de Andalucía. La investigación se inició hace más de 10 años y ha culminado este mes de julio en un acta de liquidación por la mencionada cifra, decisión que ha sido recurrida por el sindicato socialista denunciando indefensión. UGT hace constar en su recurso que la cantidad exigida supondrá la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas bancar

El organismo quiere conocer si la Generalitat puede asumirla garantía sobre las responsabilidades contables de los ex altos cargos cuando es la “administración autonómica perjudicada”

El Tribunal de Cuentas inadmite la denuncia como acción pública de Inés Arrimadas, Edmundo Val y Luis Garicano en representación de Ciudadanos y ha decretado el archivo de las actuaciones. En un auto decreta el archivo de las actuaciones porque entiende que no se ha producido un menoscabo en los fondos públicos,

La incapacidad de los partidos para acordar la renovación de los órganos constitucionales ha llevado a una situación inédita en la democracia. Desde este viernes, cuando se cumplió el mandato de nueve años del Tribunal de Cuentas, son ya cuatro los órganos caducados y condenados a la interinidad.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas confirma la condena al periodista Ignacio Villa en su etapa de director de Radio Televisión de Castilla-La Mancha durante la Presidencia de María Dolores de Cospedal, así como a los sucesivos directores financieros durante ese periodo. Villa cargó en dos tarjetas visa oro de la televisión pública pagos en supermercados, perfumerías, joyerías, bricolaje y decoración, y noches de ocio personal en el Parador de Toledo.

El 23 de julio se cumple el mandato del Tribunal de Cuentas sin que se haya llegado a un acuerdo para su renovación. El organismo llega a la fecha inmerso en un debate sobre los 5,4 millones de euros que reclama a cerca de 40 excargos de la Generalitat de Cataluña por el supuesto uso de fondos públicos para la promoción internacional del procés y en plena disputa sobre el fondo que el Govern ha habilitado para darles cobertura. Pero la renovación de los 12 consejeros requiere un consenso entre los principales partidos para alcanzar el respaldo

Según ha avanzado 'La Vanguardia', Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger dejaron el cargo antes de que el ICF sometiera a votación si activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos para que el ICF presentara el aval, con el contraaval del fondo de 10 millones de euros aprobado por el Govern la semana pasada para este tipo de casos.

El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval que el miércoles presentó el Gobierno catalán para prestar la fianza de 5,4 millones reclamada a 34 ex altos cargos públicos de la Generalitat por gastos indebidos en la promoción exterior del procés, según indicaron a EL PAÍS fuentes del organismo fiscalizador.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos niega el recurso a la exinterventora de la Generalitat de Cataluña Mireia Vidal, por destinar fondos públicos a la promoción del 'procés'.

Espaldarazo de los socialistas catalanes al fondo complementario de 10 millones de euros creado por el Govern al que se podrán acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas por haber promocionado el procés en el extranjero. Pese a que el grupo del PSC en el Parlament ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias que analice el decreto ley que crea el fondo, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha defendido su legalidad

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado un recurso para eludir la fianza de dos millones de euros que le exige el Tribunal de Cuentas. Su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, incide en que «tiene reconocida inmunidad como europarlamentario» y que esta «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas». En el caso de que este argumento no sea atendido, también pide «una ampliación del plazo otorgado» para efectuar el depósito.

El ex director de Comunicación del Govern y periodista, Jaume Clotet, ha hecho un llamamiento a los catalanes a través de Twitter. Clotet ha pedido a los catalanes que contribuyen individualmente a la Caixa de Solidaritat para poder pagar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a los ex altos cargos de la Generalitat. "Si cada catalán ponemos 1 euro a la Caixa de Solidaritat se cubrirán las fianzas injustas del Tribunal de Cuentas", ha dicho Clotet a través de un tuit. "Yo ahora acabo de poner 100 y animo todos (lo que puedan)

La causa de Exteriores sobre el Tribunal de Cuentas analiza con lupa la acción de la Generalitat en el extranjero entre 2011 y 2017 y cuestiona viajes, conferencias y estudios que a su parecer tienen que ver con el Procés y suponen un gasto irregular. Un cuestionamiento en toda regla de lo que puede hacer el gobierno catalán que lleva al tribunal a reclamar más de cinco millones de euros a una treintena de ex cargos. Ahora bien, no siempre que el Tribunal de Cuentas ha analizado la acción exterior de Catalunya la ha cuestionado

El aeropuerto de Ciudad Real está cerrado desde la medianoche del lunes al martes, después de que la empresa 'Asegura Control', que se encarga de la seguridad privada, haya decidido dejar de prestar servicios ante el impago de facturas por valor de algo más de 300.000 euros por parte de 'Ciudad Real International Airport' (CRIA), la mercantil que adquirió en 2018 por unos 55 millones de euros esta infraestructura cuya construcción costó sobre los 450 millones de euros.

El La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha anunciado este martes que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

El Gobierno catalán ha aprobado este martes la creación de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, y que cubre los supuestos de los exaltos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme, ha explicado el consejero de Economía, Jaume Giró.

Aragonès expuso los lamentos de los afectados, que quedarán "arruinados", e instó a Sánchez a explicar públicamente los pasos que dará el Gobierno.

El Tribunal de Cuentas ha emitido este jueves una «nota esclarecedora» de respuesta a «las noticias que aparecen en algunos medios» donde reivindica su «independencia» y asegura que su personal está «altamente cualificado». El tribunal, que tiene entre sus miembros el hermano del expresidente José María Aznar y que ha puesto al frente de la gestión de los expedientes a los independentistas a la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, sostiene que su función es «de naturaleza eminentemente técnica»

Didier Reynders, el comisario de Justicia de la Unión Europea, saldrá de su cargo actual para defender su candidatura a la Presidencia del Consejo de Europa, el próximo 25 de abril, como él mismo comunicaba esta semana en una nota oficial. En ella, Reynders se reservaba un mes de plazo más, para lograr el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

La sala de lo penal del Tribunal Supremo revoca la sentencia del Tribunal de Justicia de Catalunya que entendía que la sentencia del juzgado no había descrito la peligrosidad del arma empleada.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que un cuchillo es un arma blanca con una hoja cortante y «objetivamente peligrosa al margen de sus concretas características». Por lo que no es necesario que la víctima de un robo describa los detalles del arma para que el autor sea condenado por un delito de robo con violencia e intimidación con uso del mismo.

El Tribunal Supremo (TS) estadounidense celebró este martes una audiencia sobre la mifepristona, una sustancia empleada en las píldoras abortivas, y los jueces se inclinaron, en su mayoría, hacia no restringir su uso. Pese a que el TS cuenta con una mayoría conservadora y fue el órgano que eliminó hace casi dos años la protección constitucional del aborto en EEUU, hoy mostró sus reticencias a creer que la asociación médica antiabortista Alianza para la Medicina Hipocrática haya demostrado la peligrosidad de la mifepristona.

El Tribunal Supremo ha establecido que los menores no acompañados (menas) que al cumplir la mayoría de edad soliciten la renovación de su residencia temporal pueden acreditar como ingresos las ayudas económicas como el Ingreso Mínimo Vital o las que provienen de programas de acompañamiento financiados por las administraciones y ONG.

El Ministerio de Política Territorial ha enviado un requerimiento a la Puerta del Sol exigiendo la modificación de dos leyes autonómicas que, entiende el Ejecutivo nacional, va en contra de la normativa estatal: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual. Ambas aprobadas por la mayoría absoluta del PP madrileño, entre críticas de la izquierda y la alabado por la extrema derecha.

De esta forma, el Supremo estaría dando un balón de oxígeno a la conclusión de miles de convocatorias de empleo público de supuesta «estabilización» que se amparan en la Ley 20/2021 y que están basadas en una manipulación. En el preámbulo de esta ley del gobierno de coalición supuestamente progresista se afirma, sin ningún tipo de rubor, que «el TJUE comparte la postura […] de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente».

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a penas que suman seis años y nueve meses de cárcel a la exalcaldesa del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento en su etapa socialista, dado que posteriormente lideró el partido independiente Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ), por delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, malversación y falsedad en documento oficial en los proyectos del tren turístico del Guadiato, el museo del ferrocarril y el vagón restaurante.