El centro de salud de Viveiro (Lugo) cuenta con siete médicos asignados, pero el lunes por la mañana solo había dos para atender urgencias debido a las bajas, a las vacaciones reglamentarias del personal y al hecho de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no tiene "absolutamente ningún" facultativo en las listas de contratación para cubrir las ausencias.

El SERGAS anunció dinero extra para contratar personal en Centros de Salud, pero las cifras de médicos que se pueden jubilar el próximo año muestra que el problema de falta de doctores no se solventará a corto plazo. El motivo es que durante loso años de los recortes no se contrató lo suficiente, por lo que ahora es imposible cubrir vacantes. Esto provoca largas esperas en Atención Primaria, como las que están sufriendo en los ambulatorios de Aldán en Cangas o Vite en Santiago.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 90.000 euros a una mujer que con 30 años tuvo que ser declarada en incapacidad permanente, después de una operación por hipertiroidismo practicada en el Hospital Quirón Salud de Pontevedra, centro concertado. El fallo señala que la clínica a la que fue derivada la paciente no contaba con una técnica de neuromonitorización intraoperatoria --denominada NMIO-- que sí tenía el Hospital Álvaro Cunqueiro.

Sanidade decidirá "en un futuro" cómo proceder, si bien la legislación permite recurrir a un proceso de adjudicación sin publicidad. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha declarado desierto el proceso de licitación pública para contratar, por casi 1,4 millones de euros durante tres años --ampliables a cinco--, la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de hasta 14 semanas, al no presentarse ninguna oferta al concurso.

La Marcha Mundial das Mulleres convoca manifestaciones en defensa del derecho al aborto en seis ciudades y una villa de Galicia. Las activistas argumentan que "las políticas de la Xunta están en contra de la salud de las mujeres". Es más, aseguran que en algunos casos la Consellería de Sanidade está tolerando -por acción u omisión- el doble juego de algunos médicos, que se declaran objetores de conciencia en la sanidad pública para después sacarse un extra practicando abortos en clínicas privadas.

La junta de personal del Hospital Lucus Augusti de Lugo ha emitido un comunicado en el que denuncia la situación de "colapso" que atraviesa el servicio de urgencias del centro lugués. Los trabajadores del hospital de la capital provincial afirman que no existen camas de hospitalización libres, por lo que los pacientes "pasan noches enteras en urgencias o en observación de urgencias" a la espera.

“Primero nos dijeron que no aparecía en lista, al día siguiente, otra chica nos dijo que aparecía, pero que había mucha gente y teníamos que esperar”. En un tercer intento, otra funcionaria se interesó por primera vez por su estado de salud, “vio que tenía la categoría 2 (urgente) y me dijo que debería estar ya operada”. Desde que Emma Carcacía (43 años) hizo su primer preoperatorio, pasaron cerca de diez meses. Desde la primera vez que la iban a operar de urgencia, ocho.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha sacado a licitación, por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros durante tres años --prorrogables a cinco, lo que supondría un incremento del presupuesto--, la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.

«Si naciera ahora volvería a ser enfermera». Quien lo dice es Lola Ferreiro Monteagudo (Caldas de Reis, 1968), enfermera en el Sergas y una de las pioneras, junto a otras ocho compañeras, en conseguir una sentencia judicial que reconoce el abuso de temporalidad en la Administración pública y el fraude de ley por superar los tres años trabajados acumulando contratos. Lola da la cara solo con un objetivo: animar a la gente a que se asesore y reclame sus derechos. Y a que lo haga como hizo ella, «hasta el final»

Una médica de la unidad de Rehabilitación del hospital de Piñor (Ourense) se enfrentó a los pacientes (algunos oncológicos) que estaban en la sala de espera, insultándoles reiteradamente ("chusma de barrio"), acercándose a sus caras y cortándoles el paso, incluso a quienes trataban de mediar, hasta que la contuvo el vigilante de seguridad. La dirección del Área Sanitaria ha abierto una investigación (incluye vídeo).

Vecino de Cervo denuncia que su madre, de 92 años, esperó el martes más de una hora con una luxación de cadera en el departamento de Urxencias del Hospital da Mariña sin que ningún profesional del centro hospitalario le preguntase si sentía dolor y necesitaba la administración de un analgésico. Finalmente, ante las reiteradas peticiones del hijo de la nonagenaria, «que estaba a sufrir o indecible», el personal le suministró a la mujer un analgésico.

Los contratos son repartidos por número de lista sin tener en cuenta nuestras habilidades y formación, lo que pone en peligro la seguridad de los pacientes cuando somos enviadas a unidades especialmente sensibles como una UCI, urgencias o unidad de neonatología, en las que un error puede tener consecuencias fatales" señalan en un comunicado tras una protesta en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La diputada nacionalista se ha referido a los últimos informes "demoledores" del Consello de Contas que revelan estos datos relativos a 2021. Así, avisa de que a 137 municipios ni siquiera llegó una ambulancia medicalizada, con "comarcas enteras" sin este servicio. Y dentro de los ayuntamientos en los que se prestó alguna atención 176 de los 313 el tiempo medio de asistencia se sitúa en 31 minutos y 21 segundos, fuera del tope de 20 minutos.

La asociación , que se define como asindical y apolítica, recuerda que las enfermeras han demostrado su compromiso con la sociedad durante la pandemia COVID . Sin embargo, denuncian que su poder adquisitivo y sus derechos y condiciones laborales han ido mermando en las últimas décadas. En particular, las enfermeras han denunciado que siguen siendo mal clasificadas como Grupo A2, cuando desde 2007, tras la aprobación del plan Bolonia, son graduadas universitarias y deberían ser Grupo A1.

La medida fue una de las conseguidas por Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM), convocante de la última huelga en el SERGAS. El CESM fue criticado en su día por colectivos de usuarios por su empeño en dar prioridad a las reivindicaciones salariales de los galenos en vez de la sostenibildad del sistema público de salud.Los que critican estos pactos responden que se está penalizando a los profesionales que apuestan por dedicar todo su tiempo y esfuerzo al sistema público.

Algunos servicios se contratan utilizando formas que no contempla la ley, advierten los encargados de fiscalizar las cuentas públicas. La existencia de un volumen considerable de gasto sustentado en documentos contables ad hoc, que obedecerían, potencialmente, a la adquisición de servicios vía contrato menor. Por su dimensión económica y reiteración "no podrían tener dicha cobertura, tratándose por lo tanto de gasto originado de forma ajena al marco normativo en vigor, y que podría dar lugar las oportunas responsabilidades".