La Sala de lo Penal encarga al juez Pedraz, y no a García-Castellón, estudiar la querella contra la cúpula política y policial del ministerio. El juez Santiago Pedraz, al que correspondió por reparto la querella, la envió al juzgado número 6 que dirige Manuel-García Castellón, al entender que los hechos relatados correspondían en parte al caso Kitchen, que ya instruía su compañero. Podemos recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal alegando que García-Castellón había manifestado animadversión contra su ex líder, Pablo Iglesias, al que inte

El Ministerio Fiscal debería querellarse contra el juez de la Audiencia, aunque tal vez, dada la muy alta probabilidad de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite dicha querella, podría ser más eficaz la recusación de dicho juez. La pérdida de imparcialidad se produce cuando, en el ejercicio de la función jurisdiccional, un juez o magistrado se desvía del cumplimiento de la función que tiene constitucionalmente encomendada de una manera que no puede ser explicada de manera objetiva y razonable haciendo uso de las reglas.....

"El sentido común y el análisis jurídico coinciden: esto no es terrorismo", ha señalado el catedrático. "Es una banalización autoritaria de lo que es la idea de terrorismo". Este catedrático considera que, aunque no hubiera blindaje de la causa por parte del juez de la Audiencia, no prosperaría

Detalles sobre el juicio que se celebrará en Madrid por la querella criminal que pretende llevarnos a la cárcel (nos piden seis años) y cerrar por quiebra el medio Cubainformación, así como la asociación de amistad vasco-cubana Euskadi-Cuba, propietaria del dominio web del citado medio hasta el año 2020, ya que la persona y organización querellante, perteneciente al entramado del "anticastrismo" vinculado al Departamento de Estado de EEUU, solicita una elevada cantidad (casi 70 mil euros) entre multas e indemnización.

Ayer, el García-Castellónvolvió a reaccionar a una iniciativa legislativa, a la última modificación de la ley de amnistía, que no sin polémica y con falta de explicaciones pretende blindar a Carles Puigdemont, precisamente, de los sucesivos movimientos del magistrado, que a cada iniciativa legislativa responde con una iniciativa judicial.

“No se puede instrumentar la justicia en la línea de una persecución política y no hacerlo en defensa de las víctimas”, dice el ex magistrado de la Audiencia Nacional respecto a los crímenes del franquismo en un seminario internacional sobre Derechos Humanos y justicia de transición en “tiempos de negación” “Muchos se rasgan ahora las vestiduras cuando se habla de ‘lawfare’ en la justicia española… pues claro que hay ‘lawfare’, aquí, en Brasil, y si no que se lo digan al presidente Lula”, afirma el juez Baltasar Garzón.

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha suscrito por unanimidad un acuerdo en el que advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones de investigación parlamentarias en las que ERC y Junts pretenden esclarecer supuestos casos ‘lawfare’ o persecución judicial contra líderes independentistas.

El Consejo dice que no sometimiento del poder judicial frente al legislativo y la comparecencia a estas comisiones no es debatible: no pueden comparecer

Cuando la causa que investiga la gestión de la antigua Conselleria de Igualdad en relación con los abusos sexuales de Luis Eduardo R. I., exmarido de Mónica Oltra, a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, encaraba la recta final, Vox y la agitadora ultra Cristina Seguí, que ejercen la acusación popular, han conseguido dilatar la instrucción.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella de Podemos contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el juez refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas en un supuesto caso de lawfare al haber reabierto la investigación contra el partido por presunta financiación ilegal.

José Ricardo de Prada pide al órgano de gobierno de los jueces que le proteja tras afirmar Monago que el Supremo quitó "la frase de marras" sobre la caja B del PP

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido a los jueces de que se podrían enfrentar a “consecuencias penales” si no comparecen ante las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, ya que su asistencia es “de obligado cumplimiento”. En pleno debate sobre el 'lawfare', Junts ha insistido en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. Rius ha recordado el artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha avisado este lunes a los jueces de que las comparecencias en sede parlamentaria en el Congreso son "de obligado cumplimiento, y en caso contrario pueden haber las consecuencias penales previstas actualmente".

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el senador del PP José Antonio Monago le acusara el pasado martes en la Cámara Alta de protagonizar el "mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España". Monago se refirió con estas palabras a la participación de De Prada en la sentencia que en mayo de 2018 dio por probada la existencia de una caja B en el PP y desencadenó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano R

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su Pleno de este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de 'lawfare', a petición de los vocales conservadores, los cuales consideran necesario que el órgano adopte un "rotundo posicionamiento" contra el "acoso" a jueces y magistrados.

El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.

Entre los múltiples incendios que van ahumando el inicio de legislatura, el más preocupante en mi opinión es el que protagoniza el Poder Judicial, no sólo el de la propia cúpula institucional del mismo —caducada desde hace cinco años largos— sino el de magistrados y tribunales concretos que administran causas de contenido netamente político. Lo indignante es que el propio Consejo del Poder Judicial no haya abierto expedientes a unos cuantos jueces que han mantenido durante años en sus juzgados causas abiertas sin el menor fundamento