Curiosamente, de ese oficio de la Guardia Civil sólo se dio traslado al ministerio fiscal. En caso ninguno se informó de su contenido ni a las defensas ni a las acusaciones particulares. Gracias a un auto judicial, precisamente el que ordenaba traspasar el oficio policial al ministerio público, a manos de Miguel Ángel Carballo , las partes se enteraron. A estas alturas no saben todavía el alcance de qué grosor de prueba e indicios querían destruir, “ni el porqué de tanta prisa”.
