Dos agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, que han declarado como testigos en el juicio por el caso Cursach, han asegurado, este lunes que el fiscal Miguel Ángel Subirán les guiaba en sus declaraciones que realizaron en fase de instrucción bajo la amenaza de prisión.

Bartolomé Cursach comenzó su trayectoria como recogepelotas y acabó siendo presidente del Real Mallorca y de dueño de las míticas discotecas BCM, Tito's y Pachá. Ahora está imputado por una presunta trama de favores dirigida a mantenerse en la cúspide.

El histórico de la noche palmesana, que comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y llegó a convertirse en el propietario de las mayores discotecas de Balears, gimnasios y hoteles e incluso de una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas, supo tejer sus relaciones. Durante décadas, el magnate se relacionó con sutileza con el PP y con Unió Mallorquina (UM), eterno partido bisagra.

Un año y medio de cárcel piden para Bartolomé Cursach en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma y 29 años a doce jóvenes en la sección segunda por una protesta antiturística. Son las dos caras de una fiscalía fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Alérgica al confeti y compasiva con magnates de la noche. Ambos juicios empezaron ayer, dos espejos en los que la justicia se mira y sale muy poco favorecida.

El Ministerio Público elimina el presunto delito de cohecho para la mayoría de los procesados por lo que se reducen considerable las peticiones de cárcel: siete años menos para el magnate de la noche y una rebaja de otros cinco para su número dos, acusado de controlar a la Policía Local de Palma. Cuando quedan diez días para que arranque el juicio por el 'caso Cursach', el más importante sobre mafia policial y corrupción en Baleares en las últimas décadas, la Fiscalía rebaja sustancialmente las acusaciones y las penas de prisión para los cabeci

De un lado, el caso Cursach, en el que el magnate mallorquín Bartolomé Cursach -quien comenzó su trayectoria como recogepelotas de tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Baleares, gimnasios, hoteles e incluso una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas-, su mano derecha y otros 22 acusados -en su mayoría policías locales de Palma- se encuentran pendientes del señalamiento del juicio que deberán afrontar, bajo peticiones de condena que suman más de cien años de cárcel, por urdir un presunto entramado mafioso

Ingresó en la Policía, que era su sueño desde niña. Fue la única mujer entre los 90 aspirantes en pasar las duras pruebas físicas en su promoción. Pero lo que encontró no coincidía con sus sueños. Fue una de las denunciantes de una de las mayores tramas de corrupción policial que se ha conocido en nuestro país, fue acosada por lesbiana y denunciada falsamente por varios de sus compañeros, en un intento de desacreditarla, callarla y enviarla a prisión.

La Sala de lo Penal considera que deben investigarse a fondo las posibles coacciones a testigos del caso contra el magnate de la noche balear. El presidente del Tribunal, Carlos Gómez, había reducido la causa a una acusación contra los investigadores de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos

Un informe interno de la Agencia Tributaria de Baleares, al que Público ha tenido acceso, se centró en desacreditar el atestado policial sobre la defraudación del Grupo Cursach, sin haber examinado las pruebas. Un peritaje independiente acaba de verificar que ese fraude fiscal superó, quizá duplicó, los 51 millones de euros detectados por el Grupo de Blanqueo.

Los inspectores señalan que cambió sus declaraciones para incluir a un policía local en su denuncia y cómo este fue arrestado más tarde.

Los seis magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial han pedido no juzgar el caso Cursach por estar contaminados. Los jueces, que debían formar sala para enjuiciar la pieza principal del asunto, argumentan que todos ellos han dictado desde que en 2014 comenzó la investigación más de 150 autos sobre esta macrocausa, lo que compromete su "apariencia de imparcialidad objetiva".

Informes policiales apuntan a un presunto montaje articulado para sostener la existencia de un entramado mafioso alrededor de Bartolomé Cursach

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga si Bartolomé «Tolo» Cursach Mas, el rey del ocio nocturno de Palma de Mallorca, fue otro de los clientes del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, a quien habría pagado al menos medio millón de euros por el proyecto bautizado como «Swimming Pool», según la documentación de la causa a la que ha tenido acceso ABC.

Joan Miquel Mut acaba de ser ascendido al cargo de Adjunto a la Prefectura de la Policía Local de Palma, pese a estar procesado en dos de las piezas judiciales sobre el 'caso Cursach'. Público ha obtenido la grabación de una conversación entre tres comisarios en la que Joan Mut, número dos de la Prefectura de Palma, reconoce que "muchísima gente se ha colocado así, a dedo" en cargos de la Policía Local de la capital balear.

Público ha obtenido el audio de una grabación efectuada en la Jefatura de Palma, en junio de 2018, que demuestra que el entonces jefe superior de la Policía Nacional de Palma, Jarabo; su número dos, el comisario Santafé, y el inspector-jefe de la UDYCO, Suárez, impidieron la detención de los 17 administradores del Grupo Cursach por parte del encargado del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigaba la trama mafiosa del "rey de la noche".

El informe de Anticorrupción contra el recurso del juez y el fiscal que investigaron la mafia policial en Baleares atribuye al primero diligencias que se iniciaron cuando ya llevaba casi ocho meses apartado de la causa y los acusa de revelación de secretos por hechos ocurridos cuando el sumario no estaba declarado así. En realidad,el juez que abrió esas diligencias fue Florit,al que la Fiscalía intenta proteger tras ser imputado por prevaricar al intervenir los móviles de dos reporteros de Palma. Fue Anticorrupción la que pidió al juez que..

El recurso de nulidad con el que el juez y el fiscal que investigaron la red mafiosa de Tolo Cursach han contraatacado –frente a los atestados policiales que les acusan de ser ellos los que formaron una "organización criminal"– no sólo incrimina directamente a la cúpula de la Policía Nacional de Palma, sino que acusa muy especialmente al ex inspector jefe de la UDYCO, Antonio Suárez, de ser cómplice y encubridor de los actos delictivos cometidos por la trama del "rey de la noche".

El testigo de cargo del caso Cursach, que ha pedido asilo en Suiza tras sufrir lesiones graves en dos ocasiones, ha afirmado que el inspector Suárez, jefe de la UDYCO, acudía regularmente a la discoteca Tito's a recibir sobres de dinero y se negó a poner freno al acoso de los abogados del 'rey de la noche' que revelaban la identidad del 29 pese a que le quemaron el rostro con un hierro candente. Tampoco revisó la cámara que se puso ante el domicilio del testigo coaccionado y agredido. "Después de que me quemaran la cara,Suárez no quiso detener

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado este viernes un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit, y contra el Estado como responsable civil subsidiario, por la incautación de móviles a redactores que cubrían el caso Cursach.

La Fiscalía apoyó que se investigara al juez y el fiscal al entender que existían indicios de que cometieron delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. También incluye un delito de prevaricación en torno a la prisión preventiva de tres de los investigados en el ‘caso IME’.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares quiere juzgar al juez que instruye el caso Cursach, Miquel Florit, por ordenar la requisa de móviles a periodistas. En un auto dictado hoy miércoles, se le acusa de cuatro delitos: prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y por interceptación ilegal de comunicación. La magistrada concluye en su auto que la medida de interceptación de comunicaciones y teléfonos a los periodistas..