La Agencia Europa Press, el Diario de Mallorca y los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou han presentado este jueves una querella en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, que fue quien ordenó el pasado martes la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, el registro de sus redacciones y la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con

Los agentes se incautaron de material en la sede de Europa Press en Baleares y después intentaron hacer lo mismo en la de Diario de Mallorca, pero la dirección de este medio se negó a entregar nada amparándose en el secreto profesional y la libertad de información La FAPE rechaza tajantemente en un comunicado emitido esta tarde la incautación de información y equipos corporativos y personales

La Policía ha requisado los móviles a una periodista de Europa Press y a otro del 'Diario de Mallorca'

La testigo protegida número 31 del 'caso Cursach' ha sido juzgada este jueves en un Juzgado de Palma por presuntos delitos de apropiación indebida y denuncia falsa, un procedimiento ajeno a la instrucción de la macrocausa. Durante el juicio, la mujer ha negado los hechos y la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada, de dos años de cárcel y multa de unos 700 euros. Además, reclama que indemnice a la víctima con 3.000 euros en concepto de daño moral.

El testigo se ha quejado de la desprotección y de los insultos, amenazas y todo tipo de agresiones que sufren. Joaquín Giménez,magistrado emérito de la Sala segunda del Tribunal Supremo: "Es un tema complicado pero que hay que abordar.Los testigos protegidos a veces no se sienten respaldados por el Estado al que están ayudando,y muchas veces piensan que están corriendo un riesgo excesivo por hacer lo correcto". "La protección debería mantenerse después del proceso,ampliar la ley vigente del 1994. Una ley que viene por el problema de ETA..

Recusación del juez en el caso Cursach,trama de la noche en Baleares en la que están implicados PP,mafiosos, policía... www.google.es/amp/m.eldiario.es/politica/Bartolome-Cursach-Palma-corro

Constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en la puerta de su domicilio, un vehículo quemado, maniobras que buscan desacreditarle... Son algunos de los hostigamientos que el juez Manuel Penalva, que instruye el caso Cursach, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante estos hechos, el órgano judicial ha admitido a trámite este jueves la petición de amparo del magistrado, que actualmente es titular del juzgado nº 12 de Palma. En el escrito que Penalva presentó ante el CGPJ, el juez denunció

Una testigo que colabora en la investigación de la trama corrupta en la Policía Local ha asegurado que el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el diputado autonómico Álvaro Gijón, asistían a fiestas con droga y sexo en una finca propiedad de Cursach o en prostíbulos. Según este testimonio cada lunes se organizaban partidas de póker en la finca Puntiró, propiedad del empresario Bartolomé Cursach, , y que cuando concluía la partida "había auténticas bacanales".

Francisco Grau, asesor fiscal de Eduardo Zaplana, declaró este jueves en el juicio del 'caso Erial' en actitud por momentos chulesca. El fiscal Pablo Ponce le insistió en que aparece en todas las operaciones de blanqueo atribuidas al expresidente de la Generalitat Valenciana. “Esos sucesos que dice usted son estadísticamente independientes, por mucho que se empeñe”, respondió Grau en referencia a la coincidencia.

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond

Los siete investigados mantenían lazos más allá del negocio de las mascarillas y compartieron posteriormente comidas y reuniones, incluso con altos cargos del Ministerio de Transportes, en una marisquería de Madrid. En total, más de 54 millones de euros de dinero público que dejó a la trama unas ganancias casi 17 millones de euros, según la investigación preliminar realizada por Anticorrupción. El juez Ismael Moreno investiga delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

Iglesias explica la figura de Koldo. Koldo es un hombre del aparato del PSOE del Pais Vasco. Intentan tapar con Abalos Los partidos tradicionales utilizan su poder para enriquecer a los amigos, tanto el PSOE como el PP. Hay que diferenciar entre los gánsters externos, y la gentuza dentro de los aparatos de los partidos.

La jueza del 'caso Hulla' sobresee provisionalmente la instrucción que le afecta por regularizar 1,2 millones de origen desconocido en la amnistía fiscal de Montoro

El PSOE se ha personado como acusación particular en el procedimiento abierto contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas dan este paso en el marco de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por posibles delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. El partido destaca que podrá así acceder a toda la documentación relacionada con el caso.

El gobierno reveló directrices para la construcción de refugios subterráneos en las islas periféricas de la prefectura de Okinawa en caso de una crisis militar que involucre a Taiwán. Las instalaciones contarían con muros de hormigón reforzado con acero de al menos 30 centímetros de espesor, una vez terminados, los refugios también almacenarían suficiente comida y agua para durar al menos dos semanas.

FIN DEL CASO OIKOS! La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca ha emitido esta mañana un largo auto en el que informa que "sólo cabe concluir que no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos objeto de este procedimiento, por lo que sólo procede haber lugar al sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones"

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado por tercera vez a un juzgado reabrir una causa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por el fallecimiento de un residente en el centro Residencial Senior 2000 SL después de que, según alegó su hija, la derivación hospitalaria se realizara "a destiempo". Además de para la líder del Ejecutivo madrileño, la Audiencia ha instado a la reapertura de la causa para dos de sus consejeros de entonces: el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López.

Les invito a nuevo tour por las cloacas. En esta ocasión, partiendo de dos alcantarillas distantes, acabaremos sumergidos en el mismo colector. Por un lado, Israel Pilar Ortiz (caso Koldo) por otro José Ramón García González (Sibucu 360 SL). Croquis con las “coincidencias” entre el asunto de Ortiz y otra organización similar que gira en torno a José Ramón García González y la comercial Sibucu 360 SL (implicada igualmente en el tráfico de material sanitario durante la pandemia) y que salpica a la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso..

Lo más llamativo de todo es su actitud según de quién sea el caso. Debe ser que están tan acostumbrados a tener casos de corrupción propios, que la novedad de uno ajeno es un soplo de aire fresco. Es por ello que usan la estrategia del "y tu más" cuando sale a colación lo de la pareja de Ayuso.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destituyó el pasado 1 de febrero al jefe del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Javier Hurtado, que elaboró un informe sobre el caso Koldo y lo remitió a la Audiencia Nacional.