Google Analytics es una característica que puede ser integrada por los administradores de sitios web, como los sitios de ventas en línea, para medir la asistencia de los usuarios de Internet. En este contexto, se asigna un identificador único a cada visitante. Este identificador (que son datos personales) y los datos asociados a él son transferidos por Google a los Estados Unidos. La CNIL ha iniciado otros procedimientos de notificación formal contra los administradores de sitios que utilizan Google Analytics.

El problema: lo que tumbó la sentencia de 2020 del TJUE es el Privacy Shield, el acuerdo transatlántico que permitía a las multinacionales transferir datos de usuarios europeos a EEUU. El TJUE dio la razón a Max Schrems, el activista austríaco que está detrás de la plataforma de activistas en defensa de la privacidad Noyb. No ha sido hasta 2022 cuando Meta y otras grandes tecnológicas como la propia Google se las están viendo con las primeras resoluciones de las agencias de protección de datos nacionales en materia de estas transferencias.

Google, Amazon y toda la industria de rastreo confían en el sistema de consentimiento de IAB Europe, que ahora se ha descubierto que es ilegal luego de las quejas coordinadas por ICCL. Las autoridades de protección de datos de la UE encuentran que las ventanas emergentes de consentimiento que plagaron a los europeos durante años son ilegales. Todos los datos recopilados a través de ellos deben ser eliminados. Esta decisión afecta los negocios de publicidad en línea de Google, Amazon y Microsoft.

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Un tribunal regional de la ciudad alemana de Múnich ordenó al operador de un sitio web que pague 100 euros por daños y perjuicios por transferir los datos personales de un usuario, es decir, la dirección IP, a Google a través de la biblioteca de fuentes del gigante de las búsquedas sin el consentimiento del individuo.

La idea de Google es que desde 2023 solo se registren cuáles son los cinco temas principales presentes en las webs por las que haya transitado el internauta en la última semana a través del navegador Google Chrome (el más utilizado, con una cuota de mercado del 66%). Estas temáticas serán visibles para el usuario, que podrá eliminarlas. O lo que es lo mismo: se le dará la opción de decidir no participar en el sistema de rastreo.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene varias pelotas en el tejado. A las denuncias por el uso de Google Analytics en empresas como eDreams, Airbnb o la Real Academia Española (RAE) se suma ahora una petición formal para que este organismo elabore un informe jurídico que resuelva en quién recae la responsabilidad cuando se utiliza Google Analytics, si en la empresa que la utiliza o en el propio servicio del buscador norteamericano.

A lo largo de 2021 han ocurrido muchas cosas en las empresas y en muchos aspectos hay cuestiones que se han dejado en segundo plano. La protección de datos podríamos decir que ha sido una de ellas si tenemos en cuenta la cantidad de cambios de muchas organizaciones con el teletrabajo, por ejemplo. Por eso 2021 ha sido un año de récord en multas y vamos a ver las 11 sanciones más altas establecidas por protección de datos en el año pasado.

El RGPD entró en vigor en mayo de 2018, pero han tenido que pasar algo más de dos años para empezar a ver las cuantiosas sanciones que las autoridades de control de los distintos países europeos impondrían a las empresas que lo vulnerasen. Se contemplan en su régimen sancionador multas de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación global de una firma, lo que en términos contables puede arrojar cifras desorbitadas. El récord lo ostenta ahora mismo Amazon, que fue sancionada por Luxemburgo con más de 740 millones de euros.

Algunas empresas siguen contratando servicios de 'consultoría' gratis sobre protección de datos en un paquete con cursos con cargo a los créditos de formación de los trabajadores (Fundae). Una original campaña de la APEP trata de concienciar a los empresarios para que eviten ese tipo de fraudes, que vienen siendo denunciados desde hace más de una década.

Instalar cámaras en la vía pública no es legal. Solo las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden hacerlo. Otra práctica habitual es el ‘upskirting’: tomar imágenes íntimas por debajo de la falda. Un hombre fue detenido en León por grabar con una cámara oculta… en el zapato. En Internet ya se venden cámaras del tamaño de una chincheta que graban con nitidez incluso de noche. Cuestan 90 euros. Las mujeres han recurrido la decisión del juez. Creen que sí se ha atentado contra su intimidad.

El Tribunal de Justicia de la UE declaró, hasta en dos ocasiones, que los regímenes de transferencia de datos entre la Unión Europea y EEUU. no cumplen con las normas de privacidad de datos del club comunitario.

El 19 marzo de 2019, el perjudicado denunció ante la AEPD que el 11 de enero una abogada del despacho remitió una carta en la que incluía sin su conocimiento y consentimiento sus datos personales y domicilio particular a una empresa sin vinculación societaria, laboral, accionarial o de cualquier otro tipo con él. [...] El despacho sostiene que el tratamiento de los datos de la parte contraria de su cliente encuentra su amparo en el artículo 24 de la constitución.

Llegó en mayo de 2018 y desde entonces, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha servido para imponer más de 270 millones de euros de multas por su incumplimiento. Pero el mundo va muy rápido. No han pasado ni siquiera tres años que Alex Voss, uno de los padres del RGPD, ya habla abiertamente de que se necesita "algún tipo de cirugía".

La sucesión de escándalos por violación de la privacidad, manipulación política, abuso de poder y adicción social relanza el malestar ciudadano con las grandes plataformas

Citando del artículo, "el propio CEO de Amazon, Jeff Bezos, ha reconocido que la política de la firma que representa relacionada con el uso de los datos de los vendedores para beneficiar los propios productos de la empresa pudo haber sido violada en el pasado."

De nuevo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que los Estados Unidos no son un lugar seguro para nuestros datos personales y ha anulado el #PrivacyShield La cuestión es que no nos podemos quedar aquí, teniendo en cuenta los datos que acumulan a diario las grandes corporaciones estadounidenses, que tienen obligación de entregar al Gobierno de Trump y que se lucran, además, con ellos. #PrivacyShield #RGPD #datospersonales

Glovo es la primera empresa en España sancionada por esta cuestión surgida tras dos reclamaciones interpuestas en mayo y noviembre del año pasado ante el organismo encargado de la protección de datos en nuestro país.

Desde que el Reglamento general de protección de datos, mejor conocido como RGPD (o GDPR en inglés), entró en vigencia en 2018, las cosas funcionan distinto en materia de privacidad en Europa. Y una abuela de Países Bajos ahora sabe muy bien lo que puede suceder si eres denunciado por violar la privacidad según las pautas del RGPD.

Justo salimos de la vorágine ocasionada por el RGPD, y de su ley de trasposición, la LOPDGDD. Alrededor de la misma se han estructurado toda una serie de “negocios”, desde el inicial, que sembró con un injustificado miedo el mercado, hasta las “escuelas” de delegados de Protección de Datos (dPD) o las empresas que son “consultoras” y finalmente, las instituciones que dicen que son sus “autoridades de control”. Pues bien, como en los grandes trucos de magia, nadie ni nada es lo que parece.

Desde la llegada del GDPR, España ha asumido numerosas multas por infracciones relacionadas con la gestión de la privacidad e incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Pongo a la venta desde la web del despacho un libro electrónico, de carácter práctico y con formularios editables, destinado a explicar de forma directa y sencilla al abogado en ejercicio qué implicaciones tiene para su actividad profesional el RGPD y la LOPD. Precio de venta 16,53 + IVA.

Finalmente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a LaLiga con 250.000 euros porque consideran que se se ha producido una infracción del artículo 5.1.a del RGPD, vulnerando el principio de transparencia. La AEPD multa a la aplicación de móviles de LaLiga, a la que acusaron de utilizar el micrófono de los móviles de sus usuarios sin su consentimiento. LaLiga utiliza el micro para detectar posibles casos de piratería de su señal de televisión.