Es mentira que fuesen a morir igual. El 65% de los residentes trasladados al hospital se salvaron. El 35% restante falleció con dignidad. El epidemiólogo Francisco Pozo explica cómo murieron los que fueron abandonados a su suerte: "Esa forma de morir es cruel, es espantosa"

Declaraciones del diputado y portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, quien ha calificado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "novio de la muerte" porque, según ha señalado mientras "el clan ayuso se llenaba los bolsillos con la venta de material sanitario, más de 5.000 personas murieron siendo abandonadas a su suerte en lo peor de la pandemia", en referencia a los fallecidos en residencias.

En lugar de llenar mis redes con poses y superficialidades, detengámonos un instante. E¿Qué tal si en vez de exhibir marcas o momentos de desenfreno, nos detenemos a informarnos sobre Palestina?Es momento de levantar la voz y denunciar el genocidio perpetrado por Israel con el respaldo de Estados Unidos, una atrocidad que golpea a la población civil palestina. La empatía es el arma más poderosa que poseemos. Es hora de usarla para alzar la voz por aquellos que son silenciados por la violencia y la opresión.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de las Illes Balears ha constatado irregularidades en los registros de la jornada laboral, los descansos semanales y entre jornadas de la empresa mercantil La Saleta Care SL, que gestiona la residencia para mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència (Eivissa), según desvela en exclusiva elDiario.es. Cabe destacar que la empresa, que está acusada de grave desamparo a los mayores, forma parte del grupo francés Colisée –que explota más de medio centenar de centros de mayores en..

Documento que presenta los trabajos y conclusiones de la comisión ciudadana. Muestra detalladamente informes, declaraciones y estadísticas que dan luz sobre lo acontecido en las residencias de la comunidad de Madrid durante el COVID19 y su carácter de excepcionalidad respecto a otras comunidades, así como la discriminación ejercida (y sostenida en el tiempo) por la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso en la dejación de trato hacia miles de residentes que por ello murieron de forma indigna.

Ni se iban a morir todos, ni se iban a morir igual. Los protocolos de la vergüenza existieron y condenaron a 7.291 mayores a morir sin atención hospitalaria, sin medicación para el dolor y sin esperanza en lo más duro de la pandemia de covid-19. Las residencias no se medicalizaron, como aseguró el Gobierno de Ayuso y exigía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De haber tomado otras decisiones, miles podrían haberse salvado.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha señalado este sábado que es "inconcebible" que la Comunidad de Madrid no haya "hecho nada" en los cuatro años transcurridos desde el inicio de la pandemia para "resolver los problemas" que aquejan, a su juicio, a las residencias de la región.

Han pasado cuatro años desde que la pandemia de coronavirus impactó sobre la sociedad mundial. Y hasta ahora no se había hecho un informe concienzudo y riguroso sobre las muertes en las residencias de ancianos de Madrid. Era necesario: fue la comunidad –de España y de Europa– donde se produjo un mayor impacto sobre la vida de las personas mayores. Los datos oficiales superaron de lejos los de cualquier otra región del continente europeo. En Madrid pasó algo excepcional dentro de la grave crisis de la enfermedad.

La Comisión Ciudadana por la Verdad, impulsada por asociaciones de familiares y sociedad civil, destaca quel el 21,5% de mayores que vivían en residencias fallecieron en los meses de marzo y abril por la mala atención y porque no se les derivó a hospitales

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno regional "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias. Afea el papel de la Fiscalía y recomienda reabrir la comisión de investigación en la Asamblea y un cambio en el modelo de cuidados.

En concreto, el TSXG ha estimado el recurso de apelación de Fiscalía contra una sentencia dictada por la Audiencia de Ourense, que absolvió del delito continuado de estafa al apoderado de una residencia geriátrica a quien un residente instituyó heredero universal de todos sus bienes, al tiempo que desheredaba a sus dos hijas.

La Consejería de Asuntos Sociales, anunció que preparaba un nuevo contrato de alimentación para estos centros públicos. Que se iban a invertir 26 millones de euros, que el presupuesto subía un 25% y que las mejoras llegarían en enero de 2024.En agosto pasado el Ejecutivo regional reconocía un retraso hasta marzo de este año y ahora, en marzo, reconoce otro retraso hasta el 24 de abril