El Gobierno español debe trasponer antes de que acabe el año la 'directiva Whistleblower', pensada para proteger a los filtradores de casos de corrupción en el ámbito empresarial. Está a punto de cumplirse una década del primer desahucio de Roberto Martínez y María José Alarcón. El primero porque, años después, hubo un segundo. Fueron parte de los denunciantes del fraude multimillonario en las residencias de BB Serveis, una empresa que les dejó “totalmente en la ruina, sin ingresos y en una época bastante complicada”, el prólogo de la crisis.