IpGlobal puso en marcha al menos siete páginas con noticias positivas de Juan Soler en las mismas fechas que una empresa pública le abonaba facturas El actual senador y diputado de Cifuentes evita dar explicaciones o presentar las facturas de los trabajos para mejorar su reputación online Un juez también investiga a Soler en un caso de prevaricación, en el que está imputada la exdirectora de Getafe Iniciativas

La vía más efectiva para combatir la desinformación es tratar de que las webs que las difunden reciban menos ingresos por publicidad. Esa es la conclusión a la que llega un estudio publicado hoy en la revista Nature tras analizar 1.276 webs de desinformación y 4.209 webs legítimas entre 2019 y 2021, así como el comportamiento de 42.595 anunciantes únicos con más de 9,5 millones de impactos publicitarios en ese periodo. Según los autores del trabajo, hacer que los consumidores sepan dónde invierten las empresas su presupuesto publicitario puede

La información que nos llega de la Generación Z es muy importante también para las empresas ya que estas personas están aterrizando de lleno en el mercado laboral con nuevas normas de juego y conocer bien a la gente es la forma de conseguir retener talento. Y hay un tema que preocupa a las empresas: retener a una persona joven no es fácil. Si no se sienten bien tratados, se van, no se fidelizan.

La clave es que la tecnología tendría que permitir determinar la edad o rango de edad del usuario, sin saber su identidad. Mediante criptografía basada en atributos y firmas digitales no convencionales es posible saber si un usuario posee una propiedad, como un atributo o la pertenencia a un grupo, sin conocer su identidad. Estos sistemas de encriptación se utilizan ya para tener voto electrónico privado, comprar online de forma anónima o para usar software y hardware de forma anónima.

En muchas ocasiones, más que el objetivo contra el que se dispara, importa que alguien tenga un arma y pueda usarla con impunidad. Eso es lo que sucede con la legislación para cerrar páginas web. Parece ser que al Gobierno le ha dado por volver a la carga contra las webs que anuncian sexo a cambio de dinero, y que el Ministerio de Consumo ha dado orden de cerrar estos sitios de internet, o de bloquearlos por parte de los proveedores de internet, ya que algunos están en el extranjero y no están sujetos a la legislación española.

La Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión y otros 14 de inhabilitación al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental en la pieza de los zombies de Imelsa y Ciegsa dentro del conocido como caso Taula. Se trataba de empleados de ambas empresas públicas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.

La sentencia condena a la misma pena a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y a Máximo Caturla, exconsejero delegado de la empresa pública dedicada a la construcción de colegios

Las páginas webs de prostitución comienzan a cerrar en España como consecuencia de la amenaza del Ministerio de Consumo de imponer multas de más de 100.000 euros a quienes no lo hicieran, y ya están emigrando a otros países donde la legislación es más benévola, como Portugal o Alemania. Así lo confiesan a THE OBJECTIVE los dueños de algunas de estas webs, que critican el «totalitarismo» del departamento que dirige Alberto Garzón.

El Ministerio de Consumo ha incoado expediente sancionador a varias empresas que mantienen en sus webs anuncios de servicios de prostitución tras la advertencia que el Gobierno les remitió en el mes de julio para que retirasen este contenido “de forma inminente”. Ahora se abre un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de los órganos competentes del Ministerio de Consumo, que podrían multar más de 100.000 euros a estos portales online e incluso cerrarlos permanentemente.

Basándose en estos parámetros, Rentola establece que Teruel y Segovia podrían ser "oasis libres de zombis" en caso de un apocalipsis; y, en sus antípodas, Islas Baleares y Vizcaya. Tampoco se libran Madrid y Barcelona que, según el estudio, serían "carne de cañón" para la propagación del virus zombi por estar densamente pobladas. Así las cosas y viendo los datos de Asturias, que logra una puntuación de 7,35 frente a el 8,23 de Teruel, podríamos vivir relativamente tranquilos en caso de que se diera este caso excepcional.