Se podría haber archivado el caso sin más. Pero una jueza ha querido dejar constancia del intento de utilización de la Justicia por parte del fondo buitre Vauras. En palabras de la magistrada, la querella se hizo por “fines ajenos a los del procedimiento penal”, para obtener el “efecto mediático que supone involucrar a un político” en una causa penal pese a conocer que la exalcaldesa no tuvo “ninguna participación” en los hechos denunciados, “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda” del mandato de los comuns.

El administrador de Vauras, Bernat Palau de Belza, argumenta que el recordatorio del consistorio de que tenían que cumplir la ley de Vivienda supone una extorsión a su negocio. El administrador de la firma ha comparecido como testigo y ha sido incapaz de detallar a la jueza las coacciones que denunció en su querella por parte de cargos municipales. Ha sido un exhaustivo interrogatorio que, según fuentes jurídicas, ha dejado momentos de asombro por la particular interpretación del responsable del fondo sobre lo que es una coacción y una amenaza.