Según la Fiscalía del Supremo, la ahora candidata al Congreso por Cádiz, “utilizó su posición de poder” en el Ayuntamiento “para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad perjudicando a los intereses generales” al adjudicar tres contratos a la trama, “eliminando la libre competencia en un injustificado ejercicio de abuso de poder”.

En una entrevista concedida al diario Málaga Hoy en enero de 2012, Cruzado declaró: “Quienes tenemos la suerte de que la crisis nos afecta menos, tenemos la obligación de arrimar el hombro. Si cuando a una empresa le va bien no reparte beneficios, cuando le va mal hay que procurar que no solo los trabajadores se lleven la culpa”. Siempre ocultaba en sus intervenciones públicas que despedía de modo masivo y se promocionaba sin tapujos como un ciudadano ejemplar a través de la Fundación Vértice.