La Administración autonómica habría adjudicado entre enero y julio de 2019 casi siete millones de euros dividiendo contratos menores, algo que prohíbe específicamente la legislación española

El fraccionamiento de contratos para así poder adjudicarlos ‘a dedo’ sin control es uno de los ‘modus operandi’ más utilizados en las tramas de corrupción política.Y en la Gürtel no podía faltar.Así lo han ido confirmando varios protagonistas que han ido pasando ante los juzgados para declarar por la famosa trama. Pablo Crespo:el Gobierno de Aguirre el que “nos ordenaba dividir en distintas facturas” de los actos de campaña. El inspector jefe de la UDEF que dirigió la investigación de la trama,ha confirmado que este procedimiento existía..

El Tribunal de Cuentas señala hasta 20 vías en que la Corporación RTVE se desvió de su normativa para contratar servicios externos entre 2014 y 2015.En el informe el regulador detecta un nivel demasiado bajo de concurrencia en las licitaciones de la empresa pública,contratos troceados sin justificación,falta de “libertad de acceso a las licitaciones” y un uso excesivo del criterio económico como único principio para adjudicar los contratos,entre otras conclusiones desfavorables.El informe llega a calificar de “juicios de valor" los argumentos..

El Tribunal de Cuentas ha completado una semana de gran actividad señalando al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El organismo, a pesar de aprobar el “Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicios 2014 y 2015”, ha destacado una serie de supuestos y ausencias en la adjudicación que ha realizado esta institución.

Si hay una lideresa que muestre soltura total ante los medios, esa es Esperanza Aguirre. Esperanza va a su bola, por su carril... Si le apetece decir, alto y claro: "No me gusta el ministro Montoro", va y lo dice. Y si tiene que afirmar que no tenía ni idea de lo que se troceaba y se cocía en su gobierno, mientras ella gobernaba –porque lo que sabe, lo sabe por la prensa–, lo suelta en madrileño castizo y sin pestañear. Muy fan.

Un responsable de la Comunidad denuncia ante el juez que investiga la venta fraudulenta de 32 promociones públicas a fondos opacos que se cuartearon todos los contratos para esquivar la ley. Y los troceó tanto, de hecho, que, según ha podido saber este diario, ni uno solo de dichos contratos pasó por donde debía: por el Área de Contratación de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. El órgano fiscalizador de la institución fue, así, apartado del proceso que desembocó en la venta de las viviendas..

El Tribunal de Cuentas del Estado troceó durante años proyectos de obras en su propia sede para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas y evitar así tener que sacar a concurso público la contratación del proveedor de servicios. El beneficiario de las adjudicaciones a dedo fue Ángel Ortega, un empresario que había realizado obras para altos cargos del Tribunal de Cuentas, entre ellos Javier Medina, actual vicepresidente de la