El fisioterapeuta Miguel Maeso, histórico preparador físico y amigo personal de Eduardo Zaplana, reconoció este viernes en el juicio al exministro del PP que abonó en 'cash' 75.000 euros para la compra del yate 'Loix', una de las adquisiciones náuticas de la presunta trama en 2006. “Lo compramos entre siete u ocho amigos”, explicó el testigo. La Fiscalía Anticorrupción, por el contrario, sostiene que la embarcación de 15 metros de eslora fue comprada con fondos provenientes de “sobornos” en una operación de compra supuestamente ficticia entre v

El Tribunal Supremo ha cerrado de un portazo el intento de la Agencia Tributaria de cobrar impuestos a Alberto Esgueva, principal acusado en la trama eólica, por las presuntas comisiones que cobró de Iberdrola y otras empresas a cambió de permisos de parques eólicos en Castilla y León. En una sentencia del pasado 21 de marzo, anula la decisión de la Audiencia Nacional que, por una vez, se había puesto de parte de Hacienda y había obligado a su empresa Intercatia a pagar unos seis millones de euros en impuestos.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha alertado este miércoles de que el tejido productivo agrario de frutos rojos de Huelva «está en peligro» y su marca «amenazada» por un «entramado de empresas españolas y, sobre todo francesas, participadas con fondos de inversión a través de entidades financieras y también participadas por algunas cadenas de distribución, que han montado un entramado comercial en la provincia« que traen productos de Marruecos «reetiquetándolos» como producto de Huelva.

Unos pocos pasos de testaferros y sociedades pantalla conectan a Alberto González Amador —pareja de Ayuso desde 2021— con la trama de corrupción que se ha destapado en los últimos días en el seno del PSOE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes reabrir el 'caso Delcy' sobre el viaje que realizó la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a Barajas el 20 de enero de 2020 --un asunto archivado por el juez al considerar que la 'número dos' de Nicolás Maduro no pisó suelo español--, ya que, a su entender, hay una "relación directa" entre la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de la aerolínea Air Europa.

38,7 M€ perdidos en una maraña de sociedades opacas y paraísos fiscales. En el punto de mira,la concesión a un empresario venezolano, Swidorowicz, de contratos por valor de 38,7 M€, a través de una empresa radicada en Florida, que se trataron de camuflar con un NIF falso de una sociedad española. Y como el mundo es un pañuelo, y el dinero sucio siempre se mueve por los mismos circuitos, el colega del Emérito y su socio también se nutrían de sociedades a través de Jesús Javier Vadillo Gutiérrez, proveedor del venezolano de los contratos de Ayuso

Raúl Burillo Pacheco, conocido funcionario anticorrupción, fue el máximo responsable de la Agencia Tributaria en Baleares entre 2004 y 2010, cuando se investigó el caso Palma Arena, en cuya pieza separada número 25, el caso Nóos, fue condenado el ex yerno del rey Juan Carlos I. En declaraciones realizadadas a El Periódico de Aragón, diario de Editorial Prensa Ibérica (EPI), editora de El Periódico de España, Burillo recordaba cómo arrancó el caso Nóos: "Por casualidad", afirmó, en uno de los registros realizados a propósito de otros de los caso

El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario” para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas. Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el p

Uno de los correos electrónicos detectados por los investigadores en el marco del 'caso Koldo' revela la directriz que un presunto conseguidor de la trama, el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama, dio al empresario vasco Íñigo Rotaeche. "Por cierto, dile que tiene que tocar el precio a la baja que lo hablo con el Ministerio", reza el mensaje, en el que estaba en copia el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

La organización usaba a personas sin recursos, a las que facilitaban documentación falsa para financiar la compra de artículos tecnológicos y electrodomésticos. Les renovaban el DNI, en caso de que lo tuvieran caducado o extraviado, les acompañaban a abrir una libreta bancaria y les proporcionaban nóminas falsificadas. En algunos casos les proporcionaban ropa o dinero para cortarse el pelo, a fin de que tuvieran mejor presencia a la hora de acudir a los distintos establecimientos financieros.

Fuerzas policiales de 6 países han realizado registros en busca de pruebas sobre actividades presuntamente delictivas. La amplia operación transfronteriza tuvo lugar en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal los pasados días 11 y 12 de enero, a petición de las autoridades galas. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– es la que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Cuando en el servicio de inspección de licencias de Barcelona empezaron a llegar denuncias sobre un hombre que compraba pisos, los dividía y los alquilaba ilegalmente a turistas, vieron rápidamente que no estaban ante un aficionado. “La trama es compleja”, admiten fuentes municipales. “Está organizada por gente que sabe lo que hace”. Profesionales y académicos montaron un complejo entramado societario a través del cual adquirían los inmuebles que después acababan ofertados en Airbnb.

El Fisco multó a un accionista de Scranton, señalada por la firma Gotham en el supuesto maquillaje contable de la farmacéutica, por negarle datos de esta empresa y de otra creada en Islas Vírgenes

La trama suplantaba a los beneficiarios, que obtenían un nuevo permiso por un mínimo de 2.000 euros. Fuentes del caso detallan que el modus operandi consistía en suplantar la identidad de personas que, «por no tener los conocimientos necesarios para la obtención del permiso de conducir de la clase B, pagaban a otras personas para falsificar los documentos de identidad y se presentaban a los exámenes». La operación continúa abierta para la localización y revocación de cada uno de los permisos de conducción de personas que lo hayan obtenido.

El conseller de Sanitat de Carlos Mazón, el popular Marciano Gómez, pagó a una trama presuntamente corrupta sin conocer a las empresas y sin ninguna justificación, tal como reconoció ante el juez instructor del 'caso Osvaldos', la causa pendiente de juicio en la que figura como principal procesado Sergio Blasco, sobrino del exconseller del PP condenado por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana.