Desde finales del año 2020 las empresas privadas no pueden utilizar teléfonos con tarificación especial, es decir con coste, en sus líneas de atención al cliente. Sin embargo esta ley no incluye a las Administraciones públicas, así que hay páginas web oficiales, como la de la Seguridad Social, que nos derivan a teléfonos 901. Muchos usuarios se llevan por este coste desagradables sorpresas en las facturas del teléfono. Incluso el 060, el teléfono de atención a la ciudadanía implican un coste.

La tarifa del agua varía hasta un 480% según la ciudad en la que se reside, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas para el año 2020 del suministro domiciliario de agua en 57 ciudades españolas.

Los sustos en las facturas de teléfono por hacer una llamada para solucionar un problema con un producto o servicio tienen los días contados. El Ministerio de Consumo que lidera Alberto Garzón está preparando una modificación legal para prohibir que las empresas utilicen para sus servicios de atención al cliente los números de tarificación adicional, lo que afecta fundamentalmente a los que comienzan por 901 y 902, que tienen un coste mucho más alto que las llamadas convencionales.

Cientos de usuarios han denunciado en las últimas semanas haber recibido llamadas de diversos números con el prefijo 212 realizando llamadas perdidas con el objetivo de que los usuarios devuelvan la llamada. Según la Guarda Civil, el objetivo de este tipo de llamadas es el de obtener dinero a través del uso de números de tarificación especial. Por el momento, los prefijos más usados en este tipo de treta pertenecen a Ghana (prefijo 233), Costa de Marfil (prefijo 225), Nigeria (prefijo 234), Albania (prefijo 355) y Marruecos (prefijo 212).

El BOE de hoy (de ayer día 13) recoge una orden ministerial que reformar la normativa sobre los números de cinco cifras que empiezan en 118 y que se usan para consultar números de teléfonos de abonados individuales o de empresas o servicios. La nueva norma veta el acceso a estos servicios vía apps o mensajes (solo permite la marcación directa), amplía el tiempo y la información que se debe incluir en el aviso inicial sobre su coste, prohíbe el precio por establecimiento de llamada y marca una duración máxima de diez minutos.

Facua-Consumidores en Acción ha alertado de un nuevo fraude a través de líneas de tarificación adicional de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria que realizan llamadas pérdidas a números españoles y que cobran una elevada tarifa a los que devuelven la llamada.

A partir del 1 de octubre de 2015, las Comercializadoras de Referencia empezarán a facturar a todos los clientes con PVPC según su consumo hora a hora, lo que se llama técnicamente un precio indexado al precio horario de energía en el mercado mayorista. Eso quiere decir que si eres cliente de una comercializadora de mercado libre (como HolaLuz.com) y tienes una tarifa con precio fijo, este cambio no te afecta.

El nuevo sistema entra en vigor con año y medio de retraso y "en medio de la confusión", según la OCU. En principio, unos 10,2 millones de consumidores domésticos y pymes con contador inteligente están afectadosLas organizaciones de consumidores recomiendan quedarse en el precio regulado, PVPC, y no obsesionarse con cambiar de hábitos.

Los servicios de tarificación adicional son, a menudo, objeto de polémica por sus precios o por las irregularidades que se aplican en su facturación. En breve se va a unificar toda la normativa aplicable a la numeración de tarificación adicional, incorporando más medidas para la protección de los usuarios de dichos servicios. En este sentido, la CNMC acaba de publicar su informe en relación con el proyecto de Orden por la que se atribuyen recursos públicos de numeración a los servicios de tarificación adicional prestados a través de llamadas.

Guardia Civil ha detenido en la provincia de Barcelona a seis personas y ha imputado a otras tres por cometer estafas a casi 65.000 usuarios de telefonía de toda España, mediante la utilización de líneas telefónicas de tarifación adicional a través de llamadas a un número que empezaba por ‘905’.

Para reducir los riesgos de comportamientos irregulares, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto, en un informe dirigido a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y a la Sociedad de la Información (Setsi), prohibir el uso de la numeración de tarificación adicional en servicios de atención al cliente o de posventa.