El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a 14 años de inhabilitación a la alcaldesa de Yaiza (Lanzarote), la diputada de Nueva Canarias Gladys Acuña, por la licencia de actividad que concedió a la bodega Stratvs, cuyo propietario, Juan Francisco Rosa, ha sido absuelto. La sentencia cuenta con un voto particular firmado por el presidente del TSJC, Antonio Doreste, que discrepa del fallo dictado por sus compañeras Margarita Varona y Carla Vallejo y defiende que se debería haber absuelto a todos los procesados

Un integrante de la lísta de CC al Cabildo de Lanzarote, Airam Fernández,defendió las ilegalidades de la bodega Stratvs.“Gracias a Stratvs hay más turistas de calidad” (pese a estar cerrada desde 2013).Fernández justifica las ilegalidades y carga contra la prensa y las personas de los órganos judiciales y habla de una “mafia periodística y judicial”. “Es inmoral en una democracia” que los medios informen sobre la acusación que pesa contra un empresario,políticos y técnicos.“Todos tenemos algún metrito de más construido en casa" afirmó.

La juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, ha respondido con contundencia a un escrito que le envío el viernes el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y le ha recordado que la Corporación no puede “supervisar” los informes que realizan sus técnicos a petición de un Juzgado, porque podría “suponer una incursión” en su “independencia”. La juez advierte de que la independencia de los peritos está protegida y el Código Penal tipifica como delito,el “intentar influir directa o indirectamente” en cualquiera que sea parte de un procedimiento judicial

En un sorprendente giro que a las acusaciones hizo pensar en instrucciones precisas de la superioridad,el fiscal Ignacio Stampa varió por completo su posición respecto a las ilegalidades de la bodega Stratvs,de Lanzarote, precintadas desde diciembre. El fiscal Stampa, que ha llegado a afirmar en sede judicial que el caso Stratvs "es un auténtico y permanente engaño durante los últimos 15 años", solicitó que se autorice el levantamiento del precinto siempre que la propiedad ponga fin a lo que no ha hecho durante este periodo motivo de sus quejas