En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización privatización, después de estos años no hay apenas competencia en el mercado. En la mayoría de los países, lo que se ha hecho con la liberalización y privatización ha sido "trocear" la antigua red nacional de correos para que las empresas privadas se instalen en los segmentos más rentables. los nuevos operadores privados no se han dedicado a mejorar el servicio en su globalidad sino a encontrar nichos de rentabilidad. Eso lo han consegu

Malestar por la situación de las plantillas policiales y numerosos servicios públicos en la isla, actualmente bajo mínimos. Desde la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera instaron a la Administración pública a implicarse en la búsqueda de soluciones. El vicepresidente de la patronal CAEB lamentó la «gran insensibilidad» que el Gobierno muestra hacia las Baleares, principalmente en relación al plus de insularidad y pide a la Delegación del Gobierno que traslade a Madrid la situación actual de las islas.

La administración de justicia es el servicio peor valorado por los ciudadanos, según la encuesta de calidad de los servicios públicos publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que los servicios relacionados con la seguridad ciudadana son los más valorados. Según la encuesta, el 66% de los ciudadanos se sienten poco o nada satisfechos con la justicia mientras que un 18% se considera bastante satisfecho y solo un 3%, muy satisfecho, unos datos que ya venían dándose en recientes estudios del CIS.

Si hablamos de recientes transformaciones urbanas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los vecinos, tenemos que hablar sobre las ‘superillas’ o supermanzanas de Barcelona. Un proyecto que hoy día goza de una gran aceptación, pero que no está exento de conflicto.

Irlanda hizo todo lo posible en la última década para dar la vuelta a su situación económica. Tal fue su desempeño que se ha denominado su cambio como un milagro. Pero bajo esa carrera para atraer inversión extranjera, llevar a su terreno a grandes compañías multinacionales y colocarse como una economía líder a nivel mundial, se esconde una realidad mucho más dura que se ha puesto de manifiesto con disturbios.

¿A quién le interesa la degradación laboral de los servicios públicos básicos cuando lo que debe celebrarse son las inversiones extranjeras en nuestras ciudades globales?

Los países podrían perder, al menos, 4,7 billones de dólares en ingresos fiscales durante la próxima década. Las corporaciones multinacionales, los funcionarios corruptos y las personas acaudaladas siguen utilizando los paraísos fiscales para pagar menos impuestos, según un nuevo informe de la Red de Justicia Fiscal. Lo más peligroso es que, según el documento, entre las jurisdicciones que permiten la pérdida de dinero público están aquellas que establecen normas fiscales globales, como EE, UU,, la Unión Europea y Reino Unido.

El nuevo presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, muy cercano al precursor de la política de privatizaciones en la Comunitat Valenciana, Eduardo Zaplana, deberá decidir si vuelve a externalizar servicios públicos millonarios que el Pacto del Botánico ha recuperado para la gestión directa

Elena Sánchez Caballero explica que la restricción de Competencia para vender publicidad con anunciantes distintos de los patrocinadores y demás afiliados comerciales de la FIFA “ha limitado la obtención de mayores ingresos”, (el coste total de cubrir y emitir la competición fue de 37,6 millones de euros). Para la presidenta interina de la corporación, el resultado “ha resultado satisfactorio en términos del servicio público que presta RTVE a los ciudadanos”.

Entre los años 2006 y 2009, la Comunidad de Madrid invirtió 3,3 millones de euros en rehabilitar el Instituto Homeopático y Hospital de San José, un edificio del siglo XIX situado en la glorieta de Quevedo (distrito de Chamberí) que llevaba décadas abandonado. El conjunto había sido declarado Bien de Interés Cultural en 1997, siendo Alberto Ruiz Gallardón presidente regional. Su sucesora, Esperanza Aguirre, aseguró en su reapertura que iba a ser "un museo vivo", visitable por los madrileños, y un lugar de divulgación sobre asuntos médicos.

España se enfrenta a innumerables desafíos en el medio y largo plazo: baja productividad, elevada deuda pública, un mercado laboral disfuncional, unas pensiones con un futuro incierto... Sin embargo, la economía española ha demostrado que puede salir adelante incluso en las circunstancias más adversas. Un buen ejemplo de ello es la crisis del covid, que atacó directamente a los pilares que sostenían la economía española. Más de cuatro años después, se puede decir que la economía de España ha sido una de las que mejor se ha recuperado.

Los sindicatos piden baños exclusivos en todas las cabeceras de línea, porque de momento solo tienen 60 y han de utilizar los públicos, cuyas condiciones de salubridad son “indignas”. Han presentado una denuncia en los tribunales por incumplir la legislación de prevención de riesgos laborales.

“Se solicita que se implemente -a partir de las 00:00 horas del 21 de mayo del corriente el bloqueo de todas la redes y la página web de TVP, RN, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, y se proceda a la implementación del Escudo Nacional bajo la leyenda ”Página en reconstrucción“, dice una nota interna. Se incluye, además, la orden de “suspender todo tipo de transmisión y/o emisión en redes sociales de contenidos hasta que se establezcan los cambios de criterios”.

El peso del sector turístico en nuestra economía es cada vez mayor. El pasado año, con el 12,8% del PIB, batió récords históricos, y este año se espera que supere el 13%. ¿Pero qué pasaría si de repente se pinchara esa jugosa burbuja del turismo? José Mansilla es antropólogo social y profesor de la UAB y lleva décadas investigando el fenómeno del turismo.

A los grupos hospitalarios como Quirón, HM o Vithas les sale rentable construir nuevos centros para "absorber la demanda" de pacientes que, ante las largas esperas en la pública, pagan un seguro de salud

Suena estúpido, ¿verdad? Pues esa ciudad no está tan lejos. A 10 kilómetros del centro del mundo mediático, concretamente: la Puerta del Sol. Los nuevos desarrollos del este y sur de Madrid, en los que se van a construir 120.000 viviendas, acogerán a unos 300.000 habitantes, la mayoría de ellos jóvenes cuyas necesidades de movilidad son mayoritariamente hacia fuera de estos barrios, ya que en ellos apenas hay suelo para oficinas o industrias, no hablemos ya de cultura, ocio y esparcimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar al paciente con 54.000 euros y advierte de que "para salir de la duda una prueba básica como la radiografía" era "elemental" en la primera asistencia

En 2010 Madrid destinaba 572.220 euros a conciertos sanitarios. En 2022 esta cantidad se eleva hasta 1.377.419 euros. Esto es, en 12 años la sanidad madrileña ha incrementado un 140% el gasto en privatizaciones sanitarias en el área hospitalaria, la principal protagonista de las conocidas como "colaboraciones público-privadas”.

Mónica García, ministra de Sanidad y antaño líder de las mareas blancas, asiste a la marcha este domingo. Lo hace convencida de que en Madrid las cosas son mejorables y que en gran parte es competencia del Gobierno regional hacerlo. Los convocantes denuncian que los centros de salud y hospitales siguen sin personal suficiente y que en la región los profesionales cuentan "con las peores condiciones salariales de España", además de criticar la "privatización" de la sanidad pública madrileña.

Si enciendes la televisión en EE.UU. es probable que traten de venderte un medicamento para las más diversas afecciones: obesidad, depresión, diabetes, disfunción eréctil, VIH o cáncer. Las farmacéuticas gastaron US$1.680 millones en publicidad en 2022 solo para los 10 medicamentos más anunciados, entre ellos el antidiabético adelgazante Ozempic y otros para pólipos nasales o artritis reumatoide. La publicidad directa al consumidor de productos que se venden bajo receta médica está prohibida en todo el mundo excepto en EE.UU. y Nueva Zelanda.

La Ley 15/97, camuflada como colaboración público-privada, ha abierto las puertas a la privatización y corrupción en la sanidad. En lugar de mejorar la eficiencia, ha enriquecido a políticos y empresas privadas a costa del bienestar público.

Tercera entrega del Informe Bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Cinco artículos que se centran en cómo abordar la crisis de la sanidad española y en los que se reseña: el número de médicos que trabajan en la pública y en la privada a la vez ronda el 40%. "Esta práctica dual es objeto de debate entre profesionales y expertos. Algunos argumentan que es una forma de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los médicos, mientras que otros cuestionan su impacto en la calidad de la atención pública

En los últimos años hemos asistido a una explosión del tema de la menstruación. Mucho se ha hablado de este tema. Las marcas han decidido visibilizar esta causa y no ocultar la realidad; mostrando realmente lo que ocurre en esos días del mes. Uno de los primeros cambios fue dejar de impactarnos con mensajes tipo «a qué huelen las nubes», que distaban mucho de lo que pasa en la realidad y, otro gran cambio, quizás el más importante, fue cambiar el líquido azul por el rojo.

"Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha expresado, en declaraciones en los medios que han tenido lugar en el marco del 'I Foro de Salud Pública. Una salud a futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud.

Hay un déficit de docentes universitarios cercano a los 43.700 profesionales, y la tasa de interinidad se mantiene cercana al 25%. Esto supone que uno de cada cuatro profesores universitarios se desempeña de forma temporal, ocupando una ausencia o llenando vacantes no permanentes. La Unión Europea fijó en un 8% el límite a esta interinidad. Desde CSIF consideran que las administraciones públicas abusan de esta contratación temporal y abogan por ofertas de empleo indefinidas que amparen a los docentes.