Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

El detenido fue arrestado y liberado bajo fianza con una orden de alejamiento de 200 metros de la residencia y de las víctimas

Los juzgados que archivan las querellas contra Ayuso por las residencias lo hacen sin investigarla, mientras la Audiencia ha dado hasta tres “toques” a los tribunales por no abrir diligencias contra cargos políticos. Algunas demandas siguen su curso.

Miguel Ángel Ortega se plantó aquel día tras ver sobre el plato el enésimo filete de pollo crudo. A partir de entonces, cada vez que la comida no estuviera en buenas condiciones habría una protesta en el comedor. “Consiste en ponernos de pie, los que podamos, hasta que retiren el alimento servido, tomando asiento de nuevo para recibir el segundo plato. Al día siguiente, en la mesa había otra vez garbanzos duros. “La gente me miró. Un compañero se levantó, se acercó y me preguntó en bajito: ¿qué hacemos?”

La Plataforma Femar ha vuelto a enviar comida podrida. Sucedió el verano pasado en la residencia de Colmenar Viejo y ha recibido una sanción de 10.415,26 €. La diputada socialista que lleva los temas relacionados con las residencias de mayores y menores, L. Morales, critica que "de nada sirve ser la región más rica si la señora Ayuso sigue subastando la alimentación de sus 25 residencias públicas y si pone unas penalidades tan irrisorias que le sale a cuenta a empresas, como la Plataforma Femar, pagarlas y seguir entregando comida indigna..."

El suceso requirió la intervención policial pero el autor de los disparos sigue aún en la residencia y mantiene el arma en su poder ya que la dirección no ha podido incautarla.

Es una iniciativa audiovisual realizada por varios colectivos sociales que afea la vulneración de derechos en estos centros y que se ha proyectado en el Festival de Cine Comprometido de Guadalajara, FESCIGU

De este modo, Alía pudo presenciar en primera persona lo que supusieron los protocolos de no derivación que aprobó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que impidieron el traslado de los mayores y personas con discapacidad desde las residencias de la Comunidad de Madrid a los hospitales. 9.468 mayores fallecieron esos meses en las residencias, de los cuales 7.291, casi el 80%, lo hicieron sin ser trasladadas a un centro médico.

De los menús “con sobras trituradas” denunciadas en un centro de Cádiz a la “alimentación adecuada en cantidad y calidad” que determinó la Inspección va un abismo. La norma dice que las comprobaciones in situ “siempre se realizarán sin previo aviso” pero los familiares niegan la mayor, “El 'sin previo aviso' no se cumple. Las inspecciones se hacen con aviso previo y esa mañana lo tienen todo a punto, pero el día a día es bien diferente. Es la palabra suya contra la nuestra." “Denuncias específicas no se pueden hacer por represalias”.

Trabajadores y usuarios de residencias gallegas, algunas gestionadas por empresas privadas, han denunciado agresiones y maltrato a personas mayores residentes por parte de pacientes psiquiátricos con patologías graves que la Xunta ingresa en ellas.

Hace tres meses, la familia de Ángeles Dóniga pensó que su calidad de vida mejoraría. Después de un tiempo viviendo en una residencia a las afueras de Madrid, por fin podrían tener a su madre y abuela cerca de casa, en el barrio de Carabanchel, y visitarla más a menudo.

Cada semana hay nuevos casos que denunciar en las residencias de mayores. Aunque el foco está más puesto en Madrid, donde la sombra de los muertos por covid en los geriátricos es muy alargada, el sistema obsoleto afecta a todas las comunidades, que son las que tienen competencias en la materia. En medio de estos escándalos por el trato en los geriátricos a los más vulnerables, diferentes voces reclaman un nuevo modelo para estos centros que pudiera garantizar una atención personalizada y un trato más digno.

Durante la pandemia la realidad ha salido a la luz. 35.670 personas han fallecido en estas instalaciones y, hasta la fecha, no ha habido ninguna declaración de responsabilidad.

El sindicato CSIT Unión Profesional denuncia que aunque se cambie la dirección en las residencias públicas gestionadas por la Comunidad de Madrid, el problema persiste porque se ha prorrogado el contrato al proveedor único que suministra los alimentos.

Tras las actas de la policía llegan las actas de los bomberos. Igual de dramáticas. Igual de devastadoras. En este caso ha sido el diario El País el que ha podido acceder a la visualización de estos informes durante lo peor de la pandemia en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Las transcripciones publicadas por el medio previamente mencionado son demoledoras para los intereses de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

No son pocas las veces que se ha podido ver a Isabel Díaz Ayuso acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer un uso excesivo de los elementos que tiene a su disposición por el cargo que ocupa. Desde el Falcon al Palacio de Doñana y el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo. Mientras ella misma se presenta como una ciudadana corriente que, por tener, no tiene ni un piso. Pero sí hay una residencia de la que no habla, un chalet ubicado en Manzanares el Real cuyo mantenimiento cuesta a los madrileños más de 178.103 euros anuales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de "engañar" a los familiares de fallecidos en residencias en la primera ola del covid-19 y ha recordado que ya se han archivado 21 denuncias por esta gestión, según ha recogido Europa Press. "Les están engañando cuando les dicen que vayan a los juzgados contra la gestión de la Comunidad de Madrid y no las asesoran lealmente", ha lanzado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Rusia ha encontrado las mayores reservas de petróleo en el mundo en un lugar 'prohibido'. Los buques de exploración rusos han hallado enormes cantidades de crudo y gas en la Antártida, una zona en la que está terminantemente prohibido la explotación de recursos, mientras que las prospecciones y actividad permitidas solo pueden estar relacionadas con la ciencia y el mundo científico. Además, justo donde Rusia ha encontrado esta gran cantidad de crudo es una zona reclamada por el Reino Unido y Argentina, lo que añade mayor tensión al hallazgo.

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el grupo Más Madrid y ha ratificado la obligatoriedad de retirar las lonas que se encuentran en distintos puntos de la capital. En todas ellas aparece el número '7.291', la cifra de los muertos en las residencias de mayores durante la pandemia en la región.

Descendientes de siete fallecidos en dos residencias de la capital relatan al magistrado cómo se les negó el traslado de sus familiares a hospitales y critican que la Fiscalía no haya estado presente este jueves en sus declaraciones. Fuentes presentes en las comparecencias explican a elDiario.es que varios familiares de ancianos fallecidos en estas dos residencias durante la pandemia han roto a llorar ante el juez Marcelino Sexmero mientras explicaban cómo vivieron aquellos días.

La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia es un asunto que, parece, siempre pesará sobre Isabel Díaz Ayuso. Los familiares no olvidan que la líder regional firmó los llamados protocolos de la vergüenza en contra de las voces críticas incluso de su propio Gobierno y que en última instancia la no derivación a hospitales provocó que personas que se podrían haber salvado no lo hicieran. Esto último dicho por expertos.

La Junta ha resuelto favorablemente la reclamación de los conservadores, aunque Más Madrid ha recurrido este domingo, por lo que de momento las lonas permanecerán. Pero el asunto podría volvérseles en contra y provocar otro caso de Efecto Streisand. Desde que saltó la noticia, el número se está volviendo a viralizar en las redes sociales y hay algunas llamadas a que los madrileños lo muestren en sus ventanas y balcones.

Hoy, gracias a cuatro diputadas que a veces pueden ser más útiles que cinco ministros, los cientos de miles de parados de más de 52 años que hay en España pueden respirar aliviados porque no se van a recortar sus pensiones. El ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz había elaborado un Real Decreto-ley que rebajaba la cuota a la Seguridad Social que aporta el Estado por los parados de más de 52 años del 125% de la base mínima al 100% en cinco años. Podemos se opuso firmemente a este recorte social sobre uno de los colectivos más vulnerables...

Más Madrid ha recurrido la decisión de la Junta Electoral de Zona ante la provincial y acusa al partido de Ayuso de “estar nervioso" y querer "borrar su responsabilidad políticas" relacionada: old.meneame.net/story/pp-maniobra-retirar-lonas-mas-madrid-recuerdo-vi

El magistrado que analiza la muerte de ancianos en la residencia privada Amavir de Arganzuela y la pública Adolfo Suárez de San Blas llama a declarar a siete familiares de ancianos fallecidos después de tomar declaración, entre otros, al exconsejero Alberto Reyero y al ex alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur

Los españoles son los ciudadanos de la UE con mayor esperanza de vida (84 años), por encima de Italia, 83,8, y Malta, 83,6, según la información provisional sobre esperanza de vida en 2023 publicada por Eurostat. Factores como la dieta, el tipo de problemas sociales, la ausencia de conflictos bélicos o la calidad de la asistencia en el sistema sanitario influyen en el envejecimiento saludable. Por otra parte, un estudio de la Universidad de Washington asegura que España se convertirá en el país con mayor esperanza de vida del mundo en 2040.

En esta ocasión han sido los sollerics, que después de días seguidos de colapso en el municipio se han plantado y exigen soluciones. «Si vives en Mallorca, estarás puteado de mayo a septiembre. Nos venden la moto que vivimos del turismo, pero nos obligan a vivir para él», denunciaba un vecino de Sóller este mismo jueves. «Hace más de cuatro días que se repite la misma situación y todavía no estamos en temporada alta, esto es inasumible», espetaba otro.

La cifra se ha convertido en un símbolo que persigue a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y agrupa a las familias que cuatro años después siguen buscando justicia. El cartel dice: “7.291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”

La asociación de familiares de residentes Rede denuncia esta mañana un brote de gastroenteritis vírica que afecta a decenas de residentes mayores y trabajadoras en la residencia Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes II (CRAPD II) en Lavadores, Vigo. La Xunta informó a los familiares con cinco días de atraso, se queja el colectivo, alude a la falta de atención médica durante varios días, acusación que la Administración niega, indica que la atención médica esta siendo constante ante un brote que, en todo caso, tilda de "leve"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».