Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

La asociación de familiares de residentes Rede denuncia esta mañana un brote de gastroenteritis vírica que afecta a decenas de residentes mayores y trabajadoras en la residencia Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes II (CRAPD II) en Lavadores, Vigo. La Xunta informó a los familiares con cinco días de atraso, se queja el colectivo, alude a la falta de atención médica durante varios días, acusación que la Administración niega, indica que la atención médica esta siendo constante ante un brote que, en todo caso, tilda de "leve"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

A su juicio, "no hay razón alguna suficiente" como para que, cuatro años después del confinamiento, la Administración reclame el cobro. "Como parece ser que no nos hizo bastante daño con quitárnoslos de esa forma tan cruel, ahora quieren que colaboremos solidariamente con los asesinatos que cometieron en su día", expresa con indignación.

Este anciano de 80 años, que se jubiló hace siete, está actualmente en la cárcel, donde ha pasado casi toda su jubilación. La razón de su detención: el robo de un poco de sushi. Reincidente, fue condenado a pena de cárcel. «Aquí les dan de comer, tienen un techo, cuidan de ellos... Muchos ancianos cometen pequeños robos para que los manden a la cárcel», explica Akiko Sasaki, trabajadora social en el centro de reclusión de Onomichi, una prisión donde solo hay ancianos.

Ambas asociaciones han hecho entrega del documento al portavoz de cada grupo político, así como a la presidenta de la Cámara Baja. "Sin perjuicio de otras acciones institucionales, creemos necesario que en el Congreso se inicie una comisión de investigación que pueda analizar lo sucedido en las residencias de cada comunidad autónoma, al objeto de esclarecer qué decisiones han sido acertadas y cuáles no", han expresado Marea de Residencias y Verdad y Justicia, en un comunicado.

Al término de los 80 minutos de actuación, los 13 intérpretes subieron al escenario. El público se puso en pie y los despidió con un minuto de ovación y corearon una sola palabra: “¡Justicia, justicia, justicia!”. Con los fondos recaudados este sábado, las dos organizaciones van a traducir al inglés el informe de 148 páginas de la Comisión ciudadana.

Entre las opciones para obtener ese visado, estaba la posibilidad de invertir, por ejemplo, dos millones de euros de deuda pública, un millón en acciones de empresas españolas, depositar un millón de euros en una cuenta bancaria o la opción más económica y preferida por los inversores: comprar vivienda en territorio español valorada en 500.000 euros o más. De todos los visados concedidos desde el año 2013, el 96% de ellos ha sido mediante esa adquisición de inmuebles.

Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.

cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir

El 76% de los residentes que fallecieron a causa del coronavirus entre marzo y abril de 2020 murieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales. Así se desprende de las 11 actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Las inspecciones fueron muy pocas en los peores meses de la pandemia. Los técnicos sólo visitaron once residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas diagnósticas o con síntomas compatibles con la COVID

Los familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid nos piden colaboración para difundir esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora

El coronavirus dejó una situación sin precedentes en las residencias de mayores de toda España. Esto es así, con escasez de material y de medidas de seguridad, y con condiciones totalmente desfasadas para los profesionales de estos centros, pero queda la sensación de que en ocasiones las administraciones y los responsables podrían haber hecho algo más. A veces las deficiencias o, directamente, la mala praxis, fueron protagonistas en estos centros de la tercera edad. Seguramente el caso más palpable sea Madrid, cuyas a