El Ejecutivo regional ha contratado a seis enfermeras, un médico y un biólogo para estas labores. Según ha afeado, no lo ha hecho a través de la Consejería de Sanidad, en concreto de la Dirección General de Salud Pública que es donde están adscritos para realizar su trabajo, sino que los contratos de este personal se han formalizado a través de la Fundación de Investigación de Atención Primaria, cuyo objeto social es investigación, desarrollo y formación biomédica.

Diez días han pasado en un sótano, sin el material adecuado, sin tener trabajo asignado y finalmente la Comunidad de Madrid les ha despedido. El Gobierno de Ayuso ha dado por finalizado, con fecha el próximo 15 de diciembre, el contrato por obra y servicio de los 81 rastreadores que tuvo que readmitir tras una resolución judicial que declaraba nulos los despedidos llevados a cabo durante el verano.

"Debido a la alta incidencia de contagio, necesitamos urgentemente incrementar nuestro servicio de teleoperador para trabajar en el proyecto de seguimiento de COVID". El anuncio fue publicado el 27 de diciembre en un portal de búsqueda de empleo de Abai Group, la antigua Extel, empresa que desde el pasado verano se ha adjudicado el primer contrato estable firmado por la Xunta para el seguimiento de contactos de personas que contraen coronavirus. Fue contratado a un costo estimado de alrededor de 13 millones al año...

La magnitud de la sexta ola, con cifras de contagios diarias nunca vistas y la certidumbre de que van a seguir creciendo, ha hecho que el ministerio y la comunidades autónomas hayan pactado ya renunciar a hacer el rastreo de contactos estrechos por cada positivo, además de aceptar como válidos los test de antígenos de autodiagnóstico en farmacia, protocolo que ya se estaba haciendo en comunidades con niveles de estrés en su Atención Primaria más altos como Madrid y Cataluña.

ntersindicat Salut-iv ha presentado por registro un documento oficial dirigido a la Directora General de Salud Pública de Valencia en el que solicita la reincorporación « con carácter inmediato» de los rastreadores Covid. Parte de los técnicos en Documentación Sanitaria que prestaban servicios en el Centro de Salud Pública de Valencia no obtuvieron la renovación de su contrato durante el pasado 31 de mayo. Concretamente 48 personas, según cifras del sindicato. Esto sucedía en un contexto donde la incidencia de casos acumulados descendía

La mitad de las personas a las que les detectan una infección de covid no saben dónde se han contagiado o, por lo menos, así se lo transmiten a la Conselleria de Sanidad. Es uno de los indicadores que ofrece el ministerio en su conocido semáforo y que alerta de que la Comunitat Valenciana ha perdido la trazabilidad, esa línea a partir de llamadas en Atención Primaria que dibuja los diferentes contactos y que permite anticipar futuras infecciones.

El equipo de rastreadores de Navarra ha criticado este lunes que a partir del 1 de mayo la mayoría de estos trabajadores, un 80-90 por ciento aproximadamente, serán reemplazados «en bloque» por un equipo más reducido y, «lo que es más grave, sin experiencia en la materia».

Un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase que la COVID-19 se había convertido en una pandemia y cuando Galicia se encuentra sumida en el proceso de vacunación que debería ir frenando los contagios en los próximos meses, la Xunta ha dado inicio al proceso para contratar el servicio telefónico de rastreo y seguimiento de contactos de los positivos por coronavirus. Destinará 14 millones de euros para un año y el contrato se podrá prorrogar otros doce meses.

Hay tres constantes en la acción de los gobiernos de las naciones desarrolladas: aumento del esfuerzo para secuenciar las muestras positivas y tener datos de la propagación de las variantes, aplicación de medidas más estrictas y esfuerzo para mejorar en la velocidad de la vacunación.

Telefónica e Indra suman un total de 3 millones de euros en cuatro contratos para dar seguimiento y rastreo telefónico de casos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid. En tres ocasiones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ampliado un primer contrato que había sido adjudicado el 29 de mayo a la ‘UTE Indra BPO-Indra-Telefónica' -por la vía de emergencia y sin publicidad- para realizar el seguimiento de contactos y el estudio de seroprevalencia en la comunidad.

En total hay 1400 soldados que ayudan a controlar la pandemia. Hacen tests en los aeropuertos, preparan y almacenan el material sanitario y ayudan a los ministerios de sanidad desbordados. Ahí ayudan por ejemplo como rastreadores.

Sanidad ha notificado este miércoles 16.973 nuevos contagios.

«La vigilancia precoz y la búsqueda activa de casos es fundamental para controlar la transmisión del virus. Cada vez detectamos más casos y de forma más rápida. De este modo estamos trabajando en el que podemos definir como el mayor brote hasta el momento en la Comunitat Valenciana». Así arrancaba la consellera de Sanidad, Ana Barceló, su intervención del lunes tras el brote detectado en el colegio mayor Galileo Galilei que obligó a suspender las clases presenciales a más de 25.000 alumnos de la UPV.

El equipo de rastreadores del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) está compuesto por 37 enfermeros "gestores de casos" y 296 profesionales de apoyo. El equipo, en total, suma 333 sanitarios. Son menos de 392, que se ajustarían a los 18 por cada 100.000 habitantes que este verano se había considerado como cifra recomendada internacionalmente.

"No le puedo dar una cifra si usted no me da la definición exacta de lo que entiende por un rastreador", responde Comesaña, Conselleiro de Sanidade, a la petición de número de rastreadores de la Xunta de Galicia Los rastreadores "no están en los cuadros de personal en ningún servicio de salud de España". Ha hecho referencia al personal de A.P., a los cuadros de medicina preventiva y a los de los servicios epidemiológicos para asegurar que le parecería "injusto" NO considerarlos también como miembros efectivos de la lista de rastreadores.

«Descontrol» entre quienes tienen encomendado controlar la expansión del virus. Rastreadores que no llaman y contactos con positivos que marcan infructuosamente el teléfono de Covid de la Junta. «Ya te llamaremos, responden, pero no llama nadie», se quejan varios usuarios consultados por este periódico, que critican la desatención del personal sanitario ante posibles contagios. A la joven M. le hicieron una prueba PCR siete días después de que su padre, con el que convive, diera positivo en la enfermedad. No resultó sencilla la hazaña.

[C&P] Yo di positivo en la PCR que me hicieron por privado a través de mi empresa. Mi hija empeoró bastante ese mismo lunes por la noche. Ha pasado tres días francamente mal y sin que nadie del ambulatorio nos haya llamado. Mi marido y mi hijo se han aislado. Por prevención. Y porque es evidente que cuando llegue el resultado de la niña será otro positivo. Pero hasta entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no me hago la prueba, si en mi trabajo no hubiesen reaccionado de forma rápida?

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha contado con ningún voluntario tras su llamamiento para reclutar desinteresadamente a rastreadores de casos de coronavirus, según reconoce el Gobierno regional en una solicitud de acceso a la información pública facilitada por la Coordinadora del Tercer Sector. No se ha realizado "ningún convenio" con las ONG ni la Dirección General de Salud Pública cuenta con voluntarios para ejercer como rastreadores, según consta en una resolución de acceso a la información firmada por la directora.

Para analizar esto, la Universidad de Oxford plantea poner la lupa sobre la cantidad de PCR por caso confirmado. Si la cifra es baja, es poco probable que las pruebas estén siendo lo suficientemente amplias como para localizar todos los casos. La OMS ha señalado en este sentido que una horquilla adecuada debería moverse entre las 10 y las 30 por cada positivo. Dentro de ese rango, España está en la escala más baja. Según Our World in Data, a fecha 20 de agosto eran 11,9. Sólo Croacia y Ucrania tenían peores cifras: 8,7 y 8,6, respectivamente.

Numerosas fuentes de las Fuerzas Armadas denuncian que se fuerza a los soldados a presentarse a un curso online de tres días para presentarlos luego como "rastreadores formados", mientras los mandos rehúsan enviar a sanitarios para esa función. Al mismo tiempo, se multiplican las quejas por falta de medidas anti-covid en muchos cuarteles y academias.

La Dirección General de Salud Pública no acredita la formación de los rastreadores voluntarios y la Coordinadora del Tercer Sector denuncia que se incumplió la ley del voluntariado Tan solo el Ayuntamiento de Madrid ha participado en el programa voluntario de la Comunidad.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha contado con ningún voluntario tras su llamamiento para reclutar desinteresadamente a rastreadores de casos de coronavirus, según reconoce el Gobierno regional en una solicitud de acceso a la información pública facilitada por la Coordinadora del Tercer Sector.

Los rastreadores están sobrepasados por el volumen de vínculos que les puede reportar una sola persona ajena a las normas de prevención. «Cuando un caso positivo te aporta 41 contactos mantenidos de forma estrecha y sin protección en dos días es que algo está fallando. Eso nos está saturando de trabajo», lamenta Yodalys Pérez, una de las rastreadoras del equipo de Atención Primaria en Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado en su reunión de esta semana una inversión de 700.560 euros en sus nuevas ayudas directas que podrán superar los 6.000 euros a los ganaderos que hayan sufrido pérdidas a causa de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). Reconocida en todas las comunidades autónomas, este problema vírico infeccioso no contagioso ha afectado fundamentalmente al ganado bovino, tanto en explotaciones extensivas como en intensivas.

Por recibos sin pagar de los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Hay 908 impagos, según datos aportados por la Comunidad a Más Madrid. El Gobierno regional ya aseguró que no puede condonar estas deudas

Se extiende una variante del virus que va camino de convertirse en dominante a escala global

En 2021 y 2022, entre los deportistas que se vacunaron contra el “covid” se produjeron 1.600 accidentes cardíacos, incluidas 1.000 “muertes súbitas” en todo el mundo, según una base de datos elaborada por Good Sciencing, que se basa en los casos que han sido objeto de cobertura mediática, tanto de deportistas aficionados como profesionales (1). El número de casos no incluidos en la base de datos es mucho mayor, sin duda.

Los magistrados del Juzgado llegan a esta conclusión al considerar, que ante la negativa de concederle el día libre la trabajadora advirtió que se iba a coger la baja, se da por hecho que esta trabajadora engañó al facultativo del Sespa para que emitiera una baja por posible contagio por Covid y así librarse de acudir a su puesto de trabajo en el día que solicitaba.Sin embargo, el día 6 de enero 2022 se confirma su positivo por Covid, por lo que toda sospecha de que se trata de un falso positivo para librarse de ir a trabajar queda descartado

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), recibió a los familiares de las víctimas y víctimas de delitos contra los derechos humanos sufridos en pandemia. “Era una deuda recibirlos y poder acompañarlos”, expresó. Y agregó: “Todas las víctimas tienen un lugar”. old.meneame.net/story/javier-milei-lidero-resistencia-cuarentena-covid

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la sentencia que estima el recurso de una mujer que sufrió una trombosis a consecuencia de inocularse contra el covid-19 con la vacuna Janssen. La indemnización se eleva a 40.000 euros. La mujer ha precisado tres intervenciones quirúrgicas y ha necesitado 526 días para alcanzar la estabilidad clínica, quedándole entre otras secuelas la pérdida de calidad de vida de carácter leve al tener que estar sometida a una dieta de por vida.

La suspensión se realiza a petición de la propia compañía, que el pasado 5 de marzo realizó una solicitud en este sentido a las autoridades europeas. La vacuna dejará de estar autorizada este mismo martes. La compañía tiene abierta en Reino Unido una demanda colectiva de 51 casos de víctimas y familiares que reclaman a AstraZeneca 100 millones de libras. Desde la filial española se ha emitido un comunicado en el que destacan el papel crucial de la vacuna y no vincula la retirada con el juicio, sino con un excedente de vacunas y poca demanda

La Union Europea ha dejado de comercializar la vacuna de AstraZeneca contra el Covid. La compañía ha reconocido que su vacuna provocó trombosis en "casos muy raros". Estos son los efectos adversos que desarrollaron vacunas como la de Pfizer o Moderna.

La farmacéutica tuvo unos ingresos de 187,6 millones en el primer trimestre del año, un 85,3% por debajo de las ventas 1.277 millones anteriores. Entre enero y marzo, el laboratorio tuvo unos ingresos de 187,6 millones de euros, un 85,3% por debajo de las ventas 1.277 millones de euros anteriores. La empresa ha explicado que la caída experimentada se debe, principalmente, a unas menores ventas a nivel mundial de su vacuna para el Covid-19 después de que esta se haya convertido en una enfermedad endémica.

A partir de mañana, 7 de mayo, la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca (Vaxzevria) dejará de venderse en Europa. La Comisión Europea ha dado luz verde a la solicitud que realizó el propio laboratorio el pasado 5 de marzo para retirar el suero del mercado.

La Comisión Europea ha suspendido la comercialización de la vacuna covid de AstraZeneca tras admitir el laboratorio por primera vez que «puede, en casos muy raros, causar TTS [síndrome de trombosis con trombocitopenia]». Así lo ha informado la Comisión este lunes tras una petición de la propia farmacéutica. La medida tendrá efectos a partir de mañana 7 de mayo de 2024.

AstraZeneca ha admitido por primera vez, en documentos oficiales, que su vacuna contra el Covid-19 puede provocar efectos adversos poco comunes como la trombosis. Así lo ha adelantado el diario The Telegraph, que también menciona que la empresa se enfrenta a una demanda colectiva por la que podría llegar a pagar una indemnización de hasta 100 millones de libras, ya que existen varios casos de muertes y lesiones graves.