El PSOE de Castilla y León da una semana al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para dar de baja en el padrón a uno de los últimos vecinos inscritos, el senador por Castilla y León, Javier Maroto. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha adelantado a eldiario.es que si el Consistorio no inicia de oficio el expediente de inscripción indebida, el PSOE lo denunciará en vía administrativa.

El delito fue cometido, supuestamente, contra la empresa de "Ambulancias Alerta" a la que, según los denunciantes, presionaron -en 2016- para que abandonara un contrato millonario en el que partían como favoritos. La magistrada ha dado por buenas las grabaciones realizadas por los denunciantes y ha solicitado la "hoja histórico penal" de los querellados y sus medios económicos. Ambulancias Alerta contrató, para su demanda, al despacho de Manuel Lamela quien, cuando era consejero de Sanidad, les adjudicó contratos por valor de millones de euros.

También están siendo investigados un concejal de la corporación municipal y un contratista

Juan Carlos Peinado estuvo involucrado en un presunto caso de favoritismo que llegó a la Cámara Alta: "Amigo personal y compañero".

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado el recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación Española de Fútbol y ha acordado su repetición para "que la Comisión electoral dicte una resolución ajustada a derecho". Pedro Rocha, ahora investigado por la Justicia, resultó ser el único candidato con los avales necesarios para presentarse a presidir la RFEF.

FETAP-CGT lamenta la cobardía del ministro Escrivá, que sigue eludiendo su obligación de legislar, el desacato de buena parte de la judicatura y establece un nuevo protocolo jurídico para que el millón de trabajadoras en fraude de ley que vean peligrar sus puestos de trabajo por los procesos mal llamados de “estabilización” puedan hacer frente al abuso de temporalidad cometido por las administraciones y gobiernos durante décadas.

En 2023, las diferentes administraciones españolas concedieron 897.252 subvenciones a 325.876 beneficiarios. En total, el pasado año se repartieron 33.255 millones de euros a través de ayudas públicas. De todo ello, al menos doce empresas del IBEX 35 acapararon 814 subvenciones por un valor superior a los 600 millones de euros. Así se desprende de una investigación periodística de Civio, que ha analizado las concesiones publicadas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de aquellos beneficiarios que acumularon más

El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones de euros que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, dio en 2020. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude con el que, como reveló elDiario.es, cometió dos delitos fiscales y otro presunto delito de falsedad documental mediante una trama de facturas falsas y testaferros.

Dos de las familias de las víctimas del incendio de Teatre, registran hoy una querella contra contra el actual edil de urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra el anterior concejal, Andrés Guerrero, y contras tres funcionarios municipales. Los denunciantes piden a la juez que proceda a la apertura de una pieza separada para la investigación de los miembros del Ayuntamiento de Murcia, al objeto de determinar si la omisión en la ejecución de la orden de cierre y precinto constituye un hecho tipificado como prevaricación por omisión.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se investigue por cohecho al FC Barcelona por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, al concluir que éste no tiene la condición de funcionario público que exige el delito. La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si revoca la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,

Roberto Macías era administrativo en UGT Andalucía. Mexicano, vino a España en 2004. Cuenta que UGT aplicó un ERE "con la misma reforma laboral por la que convocaron una huelga general". Se veía en la calle. Robó un USB con la contabilidad que ha desembocado en el caso de facturas falsas que se enjuicia desde este lunes, por el que el sindicato está acusado de un desvío de 40 millones. Solo hay un condenado : el propio Macías, por filtrar la documentación a la prensa. "Estoy señalado, no puedo trabajar, solo tengo una ayuda de 369 euros"

Además, se añadía que, pese a ello, el acusado "plenamente conocedor de la situación financiera" dictó providencias, en 2014 y 2015, "en las que declaró, a sabiendas de su ilegalidad y conocedor de los reparos realizados por los órganos de gestión de la corporación municipal, la realización por la empresa 'Construcciones ES S.L' de prestaciones y obras en las que se incumplía la normativa de contratación".

La “detención administrativa” es el arma legal utilizada por Israel contra los palestinos en los territorios ocupados. Consiste en enviar a los detenidos a prisión sin juicio, ni pruebas, ni defensa, ni delito, por meras “razones de seguridad”, mediante la aplicación de leyes militares de excepción inspiradas en la época colonial británica del Mandato después de la Primera Guerra Mundial.

La Fiscalía ha presentado querella ante los juzgados de instrucción de Vigo contra 16 personas, entre las que hay seis técnicos del Concello de la ciudad, y dos empresas, investigados en relación a un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, por la ejecución de un vial en Cabo Estai y el otorgamiento de licencias para construir unos chalés en la zona. Relacionada: www.meneame.net/m/VIGO/urbanismo-vigo-suspende-obras-cabo-estai-oposic

¿A quién no le ha ocurrido alguna vez, al rellenar un formulario oficial, no ser capaz de elegir una de las opciones por no entender cuál es la que se adecúa a su situación? ¿O tener que leer varias veces un párrafo de un comunicado administrativo hasta dejarlo por imposible? Incluso los expertos y lingüistas están de acuerdo en que el lenguaje administrativo y jurídico destaca por su poca transparencia. A menudo es un lenguaje muy arcaico, altisonante, con formulaciones largas, falta de transiciones lógicas, etc.

Navarra anunció en 2021 la creación de un grupo de expertos para identificar y reintegrar fincas comunales protegidas por la Constitución y las leyes forales. Dos años después, el proyecto duerme en un cajón de la Administración autonómica.