El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, tras afearle la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes y el modo en el que estos están arremetiendo contra los jueces. Weber ha echado en cara al presidente del Gobierno que hable de democracia cuando uno de los principios básicos de la misma «es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones».

El partido de Orbán pidió cambiar las leyes para impedir que las personas transexuales puedan cambiar de género legalmente y aprobó una declaración por la cual decidía que el país no incorporará los principios legales del Convenio de Estambul en la lucha contra la violencia machista.

El primer ministro húngaro, Víktor Orban, se ha otorgado poderes casi absolutos para combatir la emergencia sanitaria continuando con su tendencia autoritaria, sin que Bruselas ni el Partido Popular Europeo, del que forma parte, tomen medidas. El apoyo del PP español ha resultado clave para que el coronagolpe de Orban no tenga consecuencias.

Eso significa que las plantas solares se multiplicarían por cinco o por seis. Sin embargo, es menos que las ambiciones de EDF en el sector solar, que apuntaba a desarrollar 1,5 GW por año y un tercio de la participación de mercado durante el período 2020-2025. A menos que el sector comience a construir parques sin un precio garantizado o conviva con los contratos a largo plazo. El apoyo público ascendería a 30.000 millones de euros. Con respecto a la energía nuclear, el proyecto PPE prevé que se paren 14 reactores hasta 2035

Una mayoría de delegaciones nacionales ha expresado ya públicamente su apoyo a Weber frente a Stubb. Entre ellos, el PP de Pablo Casado. También le apoyan los austriacos de Sebastian Kurz, los italianos de Silvio Berlusconi o el propio Orbán. De los grandes países, sólo faltan por decantarse los conservadores franceses de Laurent Wauquiez. Stubb apenas se ha asegurado el apoyo de Suecia y Estonia.

No son más que recomendaciones, sin poder legislativo, para intentar rebajar un problema que le cuesta a la Unión Europea un billón de euros al año. Se trata de frenar al menos en parte la elusión y la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales. El PPE presenta una serie de enmiendas en las que rebaja la opción de prohibir sociedades fantasma, de añadir a países europeos como Irlanda y Luxemburgo en la lista de paraísos fiscales o de frenar a los despachos que operan como intermediarios

Izquierda Unida ve en el acuerdo de gobierno de PSOE y Ciudadanos una réplica del "tripartito europeo de la austeridad, las privatizaciones y la precariedad laboral". Así lo asegura en un informe compartido este viernes, donde muestra una serie de gráficos que indican que el grupo político de Ciudadanos (ALDE) ha votado lo mismo que el PP europeo (PPE) un 80% de las veces y el grupo socialdemócrata (S&D) ha hecho exactamente lo mismo en un 75% de las ocasiones en el Parlamento Europeo.

A pesar del gran pacto para formar Ejecutivo, las bancadas socialistas y liberales y la oposición a Juncker preparan una campaña para desautorizar al exministro en el Parlamento por sus comentarios sexistas. Incluso eurodiputados del PPE pueden votar en contra. El rechazo a Cañete permitiría un "lavado de imagen" de las instituciones comunitarias.

La canciller alemana, que gobierna su país gracias a un pacto con los socialdemócratas, subraya que "ni el PPE (del que forma parte la CDU) ni los socialdemócratas tienen suficientes votos en el Parlamento Europeo. Es decir, "tiene que haber conversaciones", ha añadido, dando a entender que debería haber un acuerdo de cara a la elección del futuro presidente de la Comisión Europea.