El origen del pleito es la publicación de un artículo titulado "Cierto olor a quemado" en el periódico La Opinión de A Coruña hace muchos años, en 2003. El texto describía supuestos problemas entre funcionarios de justicia y el juez, al que dedicaba duros adjetivos. También criticaba a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en esa ciudad.

El presidente de un despacho de abogados y peritos médicos, especialistas en negligencias médicas, accidentes de tráfico, en la defensa legal del daño cerebral, lesiones medulares y amputaciones, explica la situación que se encuentran los afectados al reclamar una indemnización o una incapacidad laboral al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Anthony J. Russo y James C. Kelly son los letrados que firman una demanda presentada por cuatro clientes con la intención de que sea colectiva y se sumen más demandantes contra la cadena de comida rápida con sede en Miami. Su acusación se centra principalmente en el tamaño de su hamburguesa más famosa y que, según el texto legal, se infla en la publicidad hasta en un 35% con respecto a la que reciben los comensales en sus restaurantes.

En efecto, la financiación privada de litigios ajenos es una práctica creciente a través de la cual una serie de personas que actúan como inversores independientes, financian a alguno de los contendientes o, incluso a un grupo de afectados para presentar una demanda colectiva, cubriendo los costes del proceso o cualesquiera otros gastos en los que dicha parte pueda incurrir. Todo ello, a cambio de un porcentaje de lo obtenido en caso de resultar ganadores en el proceso, explica Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital en Ecix Group.

Las demandas contra la Seguridad Social cada día son más y los juzgados de lo social continúan atascados pese a la llegada de un refuerzo

La Justicia británica desestima el recurso presentado por London P&I Club y avala la sentencia del Tribunal Supremo español que obliga a la aseguradora a abonar 885 millones por el desastre ecológico. El Gobierno español ha dado un paso más para recuperar parte de los 2.355 millones de euros en pérdidas que provocó en 2002 el desastre ecológico del Prestige, un barco que al hundirse derramó miles de toneladas de productos petrolíferos.

Una suboficial de la Guardia Civil de Sevilla gana un pleito que anula una resolución de un general, uno más de las muchas batallas judiciales que lleva desde que denunció corrupción La brigada pide ahora a la directora general un expediente al coronel que la humilló.

El titular dejó escrito en su testamento la falta de información sobre al deuda que iba generando la tarjeta. Wizink deberá abonar a su viuda el importe tras contratar este producto en 2002. Un cliente zaragozano ha conseguido vencer, tristemente, después de fallecido, a la entidad que le colocó una tarjeta de crédito con intereses propios de la usura. En su testamento recogió la falta de información sobre al deuda que iba generado la tarjeta del tipo 'revolving' y tras su muerte, su viuda siguió litigando. Ahora, el Juzgado de 1ª Instancia núm

La nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving, conocida un día después de la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice hipotecario IRPH, ha decepcionado al sector financiero y a los emisores de estos plásticos. No así a los consumidores y a los bufetes de abogados, que como reconoce la propia banca, “la sentencia no solo no crea jurisprudencia como se esperaba, sino que no soluciona la cuestión de cuál es el límite máximo de interés para este tipo de plástico vinculado a un crédito..."

La Cámara de Comercio de Valladolid no ha presentado aún el plan obligatorio de viabilidad para tratar de evitar su extinción, algo que contempla la ley después de varios ejercicios negativos y una deuda que supera los ocho millones de euros. El artículo 11 de la Ley de Cámaras de Castilla y León, que entró en vigor en enero de 2019, obliga a que cuando una cámara incurre en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos debe ponerlo en conocimiento de la Administración y acompañar su informe de un plan de…

Dos joyerías aragonesas llevan casi un lustro enfrentándose en los tribunales por la explotación comercial de una serie de joyas elaboradas a partir de esos escuetos trazos que una de ellas, Monge, conocida por su céntrico establecimiento de la plaza del Pilar, había patentado hace ya unos años.

Tal día como hoy, hace 17 años, un Prestige roto en dos mitades se hundía a 234 kilómetros de la costa gallega tras una errática singladura que evidenció tanto la falta de escrúpulos del entorno empresarial del viejo petrolero como la falta de ideas de la Administración española para afrontar una amenaza como esta. Cinco días antes, el pequeño juzgado de Corcubión iniciaba una instrucción judicial que duró diez años en la que tuvo que enfrentarse a un procedimiento con múltiples ramificaciones internacionales.

El pasado miércoles, los juristas de Laie Advocats se encontraron el despacho allanado. Alguien había removido y tirado por el suelo los expedientes de algunos casos que llevan desde este bufete. Pero solo habían robado los portátiles de dos abogados especializados en derechos laborales que, justamente, son los que llevan el caso de Las Kellys Barcelona, la asociación de camareras de piso que reivindica mejores condiciones laborales en el sector. Las Kellys se enfrentan a uno de los pesos pesados del sector hotelero de Barcelona: Pau Guardans,…

Corresponden a la minuta del despacho Squire Patton Bogs por representar a España en la causa abierta en un juzgado de NY por el capitán del buque.

La entidad ha gastado 100 millones de euros en pagar los gastos de los juicios que perdió tras la salida a Bolsa de 2011

El grupo estadounidense Nextera, propietario de dos plantas termosolares en Extremadura, demandó a España ante el Ciadi por el recorte a las renovables. El despacho Cuatrecasas, que ha fichado recientemente a Soraya Sáenz de Santamaría, representa a la compañía en el proceso. Puede llegar a costar al país 291 millones de euros.

Fondos buitre nacionales e internacionales se han aproximado a varias de las grandes empresas VTC españolas para comprar los pleitos millonarios que iniciarán estas compañías contra la Generalitat por la retirada de Uber y Cabify de la ciudad de Barcelona. Según han confirmado fuentes financieras e inversores en empresas VTC, las negociaciones han arrancado durante las dos últimas semanas.

Baker & McKenzie ha fichado a Antonio Morales, hasta ahora socio de Latham & Watkins, especializado en arbitrajes internacionales y abogado de reconocido prestigio en el sector energético

El Tribunal de Justicia de la UE ultima el proceso por el índice de referencia que algunas entidades financieras aplicaban a los préstamos en lugar del Euríbor, cuyo coste para el sector financiero puede triplicar al de las cláusulas suelo.

La cancelación del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México lleva camino de ser el último episodio de conflicto para grandes empresas españolas en Latinoamérica, donde acumulan una larga lista de litigios derivados de su participación en grandes proyectos de infraestructuras o en compañías de la zona. La suma de las inversiones comprometidas en operaciones canceladas o reclamadas ante diversos tribunales de arbitraje supera los 8.000 millones de euros.

Las prácticas abusivas de la banca española, han provocado cerca de un millón de pleitos en apenas cinco años, en los que los consumidores han interpuesto cientos de miles de demandas para reclamar la nulidad de las cláusulas suelo de sus hipotecas, la devolución del dinero cautivo o esfumado tras un endose de participaciones preferentes y subordinadas en vísperas de la intervención del sector o la anulación de los créditos 'swap', en los que el interés se disparaba sin que quien lo había contratado llegara a entender por qué...

Por las buenas o por las malas, pero los inversores extranjeros que han vencido a España en arbitrajes internacionales por los sucesivos recortes a las energías renovables están decididos a cobrar sus indemnizaciones. Así, fuentes financieras señalan que tras hacer trabajos de búsqueda, los fondos han descubierto 3.000 millones de euros en activos financieros propiedad de España localizados en Estados Unidos.